La constructora que gana licitaciones por bajo precio, cobra más de lo que termina, y acumula problemas financieros

Por Lucio Di Matteo

La obra pública (nacional o de cualquier provincia) es un terreno donde los pícaros sacan ventajas. Hasta que un día no les alcanza, y los proveedores empiezan a temer que dejen un tendal. Las picardías más habituales son: amistades políticas que ponen ganadores de licitaciones a dedo; obras ganadas con cotizaciones artificialmente bajas, para luego pedir actualización del costo; mayor porcentaje de cobros que avances ejecutados; y pago de favores a los amigos políticos, especialmente en tiempos de campaña.

En este sentido, Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A., conocida por su sigla CEOSA, parece ser un compendio de todas las picardías, que a veces pueden derivar en causas judiciales y supuestos delitos. El dueño y CEO de la misma es Fernando Porreta, de mayor exposición pública en los últimos tiempos por ser el presidente del club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que milita en la Primera Nacional, segunda categoría (el antiguo Nacional B) del fútbol argentino.

Martín Porreta

CEOSA fue acusada de pagar u$s 240 millones en sobornos por obras en Catamarca, fue vetada por María Eugenia Vidal tras ganar una licitación cotizando muy bajo en Provincia de Buenos Aires, ganó un tramo del Paseo del Bajo con otra empresa que ya está concursada, y en Tierra del Fuego cobró 80% por una obra de la que apenas realizó un 53%. En el mercado de la obra pública empieza a ser frecuente el comentario sobre sus atrasos en los pagos. Como desde comienzos del 2019 se empezó a hablar de Green, su socio en el Tramo B del Paseo del Bajo, que finalmente en octubre entró en concurso preventivo y ahora está al borde de la quiebra. La situación de CEOSA parece distinta a la de Green. Pero su apuesta a la reactivación, construyendo dos plantas de procesamiento de gas en Tierra del Fuego, está a punto de caerse.

Tierra del Fuego: u$s 4 millones por 0% de avance de obra, y casi fuera de una UTE

En la provincia más austral del país, CEOSA fue objeto de cuestionamientos, luego de cobrar por una obra mucho más de lo que hizo, además de obtener casi 70% de aumento sobre el presupuesto original. Debido a esto, a diferencias técnicas con el contratista privado, y a haber apostado a la reelección de Rosana Bertone (que finalmente terminó derrotada por 13 puntos a manos de Gustavo Melella), CEOSA está cerca de quedar fuera de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) armada para una obra clave.

Su gran antecedente desfavorable en “la isla” (como llaman los fueguinos a su provincia) es el Microestadio de Río Grande. Además de ser un proyecto cuestionado por ser menos necesario que las redes de agua y cloacas, en octubre del 2018 la empresa de Porreta había cobrado $ 110 millones por un “avance de obra del 0,00%”, según documentos oficiales. Ya había cobrado ese adelanto financiero de alrededor del 30% del presupuesto original, y ni siquiera había un cartel de obra.

La obra del microestadio de Río Grande

Para marzo del año pasado, cuando las elecciones se acercaban (fueron el 16 de junio), había cobrado otros $ 21 millones, y el avance de obra eran algunos pilotes clavados sobre el suelo. Al momento de las elecciones fueguinas, sobre una obra pautada en $ 368, 2 millones, CEOSA había cobrado $ 180 millones, con un avance de obra muy pequeño. Casualidad o no, le fueron sacando pagos a medida que se desarrollaba la campaña electoral, y en la larga transición entre que Bertone perdió las elecciones y entregó el mando: casi seis meses.

Con las redeterminaciones de precios, otro clásico de la obra pública, el costo del microestadio pasó de 368 a 620 millones de pesos. CEOSA cobró, a diciembre del año pasado, $ 500 millones, más del 80%. Mientras que el avance de obra es sólo del 53%.

A pesar de esos antecedentes, la empresa de Porreta pretende seguir haciendo negocios en Tierra del Fuego. Aunque parece que ni al gobierno provincial, ni a la empresa que contratará una obra importante, le cierra la empresa del presidente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Desde el año pasado, cuando la gobernadora todavía era Bertone, CEOSA entró con el 20% de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) armada para la ampliación del Gasoducto San Martín, que lleva el gas desde la isla hacia el continente, cruzando por el lecho marino del Estrecho de Magallanes. El fideicomiso para esa ampliación fue vaciado en los últimos meses de la gestión Bertone, pero una reciente ley de la Legislatura fueguina, autorizando toma de deuda para reactivar la economía, asignó específicamente fondos para la obra.

Sin embargo, ni Camuzzi ni el gobierno provincial está convencidos de tener a CEOSA como contratista. Su parte sería construir dos plantas de procesamiento de gas, y un tramo de gasoducto, dentro de la provincia, que a fines del año pasado se había valuado en más de $ 400 millones. Pero los antecedentes del Microestadio de Río Grande, y su pretensión de importar los caños para la obra (que se producen en el país), dejarían a CEOSA fuera de la UTE.

Provincia de Buenos Aires: María Eugenia Vidal la vetó

En mayo del 2018, CEOSA ganó la licitación de un acueducto de 120 kilómetros, entre Pedro Luro (a orillas del Río Colorado) y Bahía Blanca. Se impuso nada menos que a Techint, desarollando una de sus estrategias favoritas: ofreció un precio bajo, de $ 3.369 millones. La empresa comandada por Paolo Rocca, en cambio, superó por 20% el presupuesto tope de la obra.

El triunfo de CEOSA no dejó conforme a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien pidió al Colegio de Ingenieros provincial que “determinen cuál es la empresa mejor capacitada técnicamente para hacer esa obra”. La misma fue finalmente cancelada en marzo del 2019, aunque la Corporación Andina de Fomento le había asignado u$s 150 millones sobre el costo total de u$s 187 millones.

La ex gobernadora nunca estuvo convencida de adjudicarle la obra a CEOSA, en virtud de sus antecedentes en materia de atrasos, incremento sobre los presupuestos originales e incumplimientos. Además ya estaban formuladas las denuncias ante la Oficina Anticorrupción y la Justicia Federal. Del otro lado de la General Paz no se pusieron tan quisquillosos con el Paseo del Bajo, pero Vidal bajó la obra con tal de no entregársela a la empresa de Porreta.

Paseo del Bajo: Tramo B para dos empresas polémicas

Esta obra, que alivió notablemente el tránsito del Bajo Porteño, será recordada por aquel acto de campaña en el cual Mauricio Macri (presidente y candidato a la reelección) tocó el piso declarando “este pavimento que estoy tocando no es relato, es real”. La obra fue adjudicada en tres tramos: A, B y C.

Mauricio Macri

El tramo B fue para Green y CEOSA, dos empresa que en el mercado se consideran hermanadas en sus problemas. Aunque Green S.A. está en concurso preventivo desde octubre del año pasado, y CEOSA no, fue una sorpresa que ambas firmas ganaran la licitación de ese tramo por $ 1.600 millones, aunque nadie sabe cuánto se pagó finalmente tras las redeterminaciones. Además que la obra se terminó en su parte subterránea, pero la maqueta de jardines y hermosos espacios públicos por encima de ellos sigue esperando.

“El rumor de que Green estaba al borde de la quiebra arrancó a comienzos del 2019. Por eso sorprendió que le adjudicaran un tramo junto a CEOSA, que históricamente tuvo atrasos y pedidos de ampliación de presupuesto”, le apuntó a NA un ex funcionario que adjudicaba obras públicas durante la presidencia de Mauricio Macri.

Al momento de ganar el Tramo B del Paseo de Bajo, en enero del 2017, CEOSA arrastraba antecedentes judiciales, además de quejas por otras no terminadas en Catamarca y Mendoza, donde se originó la compañía. Horacio Rodríguez Larreta asumió a CEOSA y Green como una “herencia” del período como intendente de Mauricio Macri. Por eso, rápidamente les hizo llegar el mensaje que no toleraría incumplimientos en la emblemática obra del Paseo del Bajo.

Catamarca: acusación de enriquecimiento ilícito y soborno

En esa provincia, CEOSA es recordada por las obras de riego en los distritos de Rincón y Belén-Pomán, con el financiamiento -originado en organismos internacionales- del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), dirigido por Jorge Neme, actual funcionario de la Cancillería.

Las licitaciones que ganó CEOSA terminaron con una causa judicial y una investigación abierta (producto dos denuncias) en la Oficina Anticorrupción. La causa es la 18.511/2017 y tramita en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, caratulada “sobre averiguación de delito”. En tanto que las denuncias ante la OA fueron agrupadas bajo el número 12.538.

En el expediente de la Oficina Anticorrupción se describe un modus operandi que luego tendría CEOSA en otras provincias. Allí se dice que la empresa, entre el 2010 y el 2015, “fue adjudicataria de licitaciones por un monto histórico de $ 1.536 millones (a la cotización de esos años, u$s 200 millones o más), esto sin contar predeterminaciones, posibles mayores costos u otras sumas que pudieron haber percibido”.

La denuncia sostiene que “habría existido una connivencia entre las autoridades públicas que estaban al frente” del PROSAP, entre ellos Jorge Neme, “y que también habrían participado otros funcionarios”. En la segunda denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción, “se mencionan posibles sobornos por u$s 240 millones, equivalentes al 20% del monto total de financiamiento, que ascendería a u$s 1.200 millones”.

Con respecto a Jorge Neme, amo y señor del PROSAP en ese momento, exhibió un notorio incremento patrimonial según sus declaraciones juradas como funcionario. Tras varios años de negarse a declarar sus gastos, en 2014 declaró que estos casi igualaban a sus ingresos, mientras que en 2015 apuntó ingresos por $ 447.394 y gastos mayores, por $ 526.043.

Jorge Neme

“Sin perjuicio de todo ello”, apunta el expediente de la OA, “más allá que Jorge Neme no podría justificar su incremento patrimonial, se determinó que él y su convincente, Silvia Mónica Meda, poseen tres inmuebles” en Ciudad de Buenos Aires, todos ubicados en calles cotizadas: Virrey Loreto, Jorge Newbery, Ortega y Gasset. Además de compartir con Rodrigo Neme (posiblemente su hermano) la sociedad “La Buena Vida S.R.L.”, que explotaba cultivos orgánicos en Catamarca.

En estos tiempos de relación tirante con los socios del Mercosur, Jorge Neme es secretario de Relaciones Económicas Internacionales. El ex embajador en Estados Unidos, Diego Guelar, dijo de él que “tiene más antecedentes penales que en la materia”. Entre ellos, su actuación en el PROSAP vinculada a CEOSA.

Mientras Neme se reubicó en el mundo político, a su amigo Porreta le vaticinan el principio del fin. Quizás de modo apresurado para quien supo posicionarse públicamente como amigo del ex gobernador mendocino Francisco “Paco” Pérez, la ex gobernadora fueguina Rosana Bertone, el otrora influyente lobista del macrismo Orly Terranova, entre otros. De repente, a la causas judiciales, y los antecedentes de obras no terminadas, se suma que muchos amigos de la política son “ex” y no actuales. Porreta supo reinventarse más de una vez. Sus enemigos esperan que esta vez no pueda hacerlo.