El oficialismo retoma el debate sobre la reforma de la Procuración General
Está a cargo de la Comisión de Justicia. El Frente de Todos busca modificar las condiciones para el cargo.
La Comisión de Justicia del Senado continuaba esta tarde con el debate sobre la eventual reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, con la que el oficialismo busca modificar las condiciones para el cargo de procurador general de la Nación.
Durante la reunión por videoconferencia expondrán Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral; José Raúl Heredia, ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, y Marcela Basterra, magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, entre otros.
Todavía sin fecha para emitir un dictamen, la bancada oficialista continúa con el tratamiento de los proyectos presentados el año pasado por Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) y Lucila Crexell (Interbloque Federal), maniobra que la coalición opositora rechaza de plano.
Sagués fue el primer expositor ante la comisión que preside el kirchnerista Oscar Parrilli, donde sostuvo que "la exigencia" de una mayoría de dos tercios para designar al procurador general "es indispensable para mantener una Procuración robusta".
También indicó que la duración para el cargo -que actualmente es vitalicio- puede estar "entre ocho o 12 años", de acuerdo a la experiencia de otros países, pero sentenció: "Lo que sería inaceptable es hacer coincidir el período del procurador general con el período presidencial de cuatro años. Esto puede llevar a una situación incómoda, anti sistémica".
Por su parte, Heredia subrayó que la mayoría calificada de dos tercios "no es una es una exigencia constitucional" aunque expresó su acuerdo con que "es correcta aquella posición minoritaria de la Convención Constituyente de 1994 de poner en línea este órgano de poder con la Corte Suprema".
De esta manera, el ex juez supremo de Chubut respaldó la continuidad de la mayoría de dos tercios para elegir al procurador, y remarcó: "Debería tratarse pero no es una exigencia constitucional, debe surgir de los consensos políticos".