Por Marcelo Bátiz

Los empleados del sector público nacional cobrarán la primera parte del sueldo anual complementario hasta en cinco cuotas entre junio y octubre, según lo dispuso el presidente Alberto Fernández en un decreto que será publicado a la brevedad en el Boletín Oficial.

La medida se toma ante la crisis económica provocada por el coronavirus, que afectó la recaudación impositiva con caídas de más del 20% interanual en términos reales, aunque establece diferencias de acuerdo con el nivel salarial de cada agente de la Administración Pública Nacional.

El alcance del decreto es para todos los empleados de la Administración Nacional, incluyendo a los de la Administración Central, los organismos descentralizados, empresas públicas, el Banco Central, instituciones de Seguridad Social y “entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones”.

La norma establece que el monto bruto de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario no podrá ser superior los $40.000, es decir que los trabajadores con salarios brutos de hasta $80.000 (aproximadamente $60.000 de bolsillo) continuarán percibiendo el aguinaldo en la modalidad habitual.

Fuentes oficiales indicaron a NA que dentro de esa franja salarial se encuentra el 35% del total de trabajadores del Estado nacional, por lo que el pago fraccionado alcanzará al 65% restante.

Para este segundo grupo, con haberes brutos superiores a los $80.000, el excedente será abonado en “cuatro cuotas consecutivas, como máximo”, junto a los sueldos de julio, agosto, septiembre y octubre, siempre y cuando cada cuota no tenga un valor inferior a $1.000.

En consecuencia, algunos empleados con sueldos levemente superiores a $80.000 podrán percibir el aguinaldo en dos o tres cuotas y no en las cinco que regirán para los salarios más altos.

En los considerandos del decreto, se da cuenta de “una profundización de la crisis económica internacional, que ha incidido directamente en la economía nacional, generando una imprevisible desaceleración en la tasa de crecimiento de los recursos presupuestarios”.

Por tal razón, se requiere “un esfuerzo mancomunado por parte de las trabajadoras y los trabajadores del Sector Público Nacional, en atención a aquellos con menores ingresos sobre los cuales los efectos adversos económicos impactan en mayor medida”.