Por José Calero (*)

Ante el inminente vencimiento de la última oferta por la deuda, el presidente Alberto Fernández tiene casi decidido plantarse en la negociación, lo cual hace sobrevolar el default por unos US$ 65.000 millones.

Cuando todo parecía encaminarse a una extenuante negociación durante agosto, el jefe de Estado se habría convencido de que los grandes fondos de inversión eligieron el camino de la confrontación al rehusarse a aceptar la última propuesta, que ya obligaría al país a hacer un esfuerzo enorme de acá al 2030.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, venía analizando postergar la negociación, pero el Presidente se habría inclinado por poner el acuerdo en una especie de "stand by".

El Gobierno habría logrado apenas la adhesión del 35% de los bonos incluidos en el canje, lo que obligará a seguir negociando.

La duda es si, como pretenden los grandes fondos, la Argentina estará dispuesta a ceder un precio mayor de valor de los títulos públicos, sobre todo luego de haber proclamado a cuatro vientos que era la última oferta.

Según coinciden en el Ministerio de Economía y entre los bonistas, la diferencia entre la oferta y lo que reclaman los acreedores es de apenas tres dólares promedio por bono, que representarían poco más de US$ 3.000 millones.

Pero para llegar a acortar esa diferencia el ministro de Economía, Martín Guzmán, debió ceder mucho.

Bajo la última oferta se pagarán US$ 16.000 millones más en los próximos 10 años que lo que se hubiese abonado con la primera.

La primera propuesta arrancaba con un valor presente neto de los bonos que promediaba los US$ 41,98 por cada lámina de 100.

En el marco de una dura negociación, el Gobierno argentino se fue estirando hasta los u$s 52,35, y los fondos de inversión pretenden ahora llegar a US$ 55,50.

Para lograr ese objetivo, aseguran tener el control sobre el 60% de los bonos que entran en el canje.

Es decir, si no se destraba ese cerrojo, será imposible llegar a un acuerdo, y todo deberá resolverse en tribunales.

Para agravar aún más el panorama, el Gobierno acumula en lo que va del 2020 intereses no pagados por casi US$ 1.800 millones, por 13 títulos.

Especialistas en finanzas aseguran que el Gobierno estaría en condiciones económicas de ceder el precio que exigen los fondos de inversión, por lo que el problema se habría transformado más en político que técnico.

Es que después de haber exhibido dureza y prometido que no se movería de la última oferta, será difícil convencer sobre las bondades de un nuevo cambio.

Guzmán y su equipo analizaban anunciar la prórroga del canje hasta casi fines de agosto, con el objetivo de seguir buscando una salida, pero el Presidente habría ordenado dejar todo en suspenso.

Según los expertos consultados, de la diferencia que existe en la actualidad, US$1.000 millones se deberían pagar hasta 2023, mientras que otros US$ 2.000 millones se sumarían al período 2024-2030.

Poder afrontar esas exigencias adicionales dependerá de cómo le vaya a la Argentina con la recuperación tras la pandemia, y sobre todo de en qué medida se puedan aumentar las exportaciones.

El mundo necesitará los alimentos que vende la Argentina en la etapa de recuperación, lo cual es una buena señal que le da perspectivas positivas al país.

En el marco de esta dura negociación, fuentes con acceso a la residencia de Olivos le escucharon ratificar al presidente que no se moverá de la última oferta.

"No hay un peso más", aseguran haberle oído decir al mandatario. Fernández aguardaría una señal de los fondos de inversión de que realmente quieren un acuerdo con la Argentina, y pretendería que lo pusieran por escrito en un comunicado, antes de hacer la próxima movida.

En este complejo escenario, lo único que podría evitar el default es que la Argentina y los acreedores decidan postergar las negociaciones durante un plazo determinado, durante el cual los bonistas no se presenten ante los tribunales de Nueva York.

Ese plazo sería utilizado por la Argentina para reactivar el acuerdo con el FMI, el organismo que brinda más respaldo a la negociación por la deuda.

La lógica de esa estrategia es que, tras un acuerdo conveniente con el Fondo, la Argentina retomaría fortalecida las negociaciones con los bonistas.

Si prospera este plan, el 4 de agosto se abriría un paréntesis en la negociación con los acreedores.

El mercado sumará así incertidumbre, tras varios meses de negociaciones.

El panorama luce cada vez más complicado, mientras los datos negativos sobre la marcha de la economía se van acumulando.

(*) Jefe de Economía de la agencia NA. jcalero@noticiasargentinas.com. @JoseCalero.