La secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, aseguró que para el Gobierno está descartado dictar el estado de sitio con aval legislativo ya que eso suspendería las garantías constitucionales y eso no está en los planes de Alberto Fernández.

"El Gobierno en ningún momento evaluó el estado de sitio. Está descartado. En marzo, cuando se dictó la primera etapa del aislamiento, se prohibieron las reuniones sociales en todo el país. Eso fue aprobado en el Congreso con voto de la oposición. Es decir que inconstitucional no es", remarcó, respecto a las críticas de la oposición que sugieren que prohibir las reuniones sociales es un acto inconstitucional.

En declaraciones al podcast Fuera de Tiempo, de Diego Genoud, Ibarra expresó que "el primer decreto decía lo mismo que este": "Ahora estamos en una situación peor. Hay más casos de contagios y además hay más muertos".

"El estado de sitio se puede dictar porque hay conmoción interior o ataque exterior. En la Argentina no hay ninguna de las dos, con lo cual no hay ningún fundamento para dictar el estado de sitio", aseguró.

"El estado de sitio suspendería las garantías constitucionales. El presidente no quiere detener a nadie. Quiere que si alguien rompe una norma intervenga un juez o una jueza y que en el proceso estén todas las garantías constitucionales", consideró.

"Este decreto es por 15 días, es proporcional a la situación, y es para el cuidado de la salud pública", sostuvo.

"Los epidemiólogos nos dicen que uno de los grandes focos de contagios son las reuniones sociales. Cuando nos encontramos con nuestros afectos bajamos la guardia y es comprensible. Y como hay asintomáticos, no podemos saber si alguno está contagiando", remarcó.

"Eso puede crear un foco de contagios que inmediatamente se vuelve un brote muy importante y de difícil control. Nosotros fuimos votados para cuidar la salud de los argentinos", subrayó.

"Estamos con un pico alto de contagios y queremos evitar llegar a puntos peores. Se puede ir a un restaurante porque ahí rige un protocolo y las autoridades pueden controlar que se cumpla. En las reuniones sociales no", expresó.