Por Bruno Costanzo.

La polémica alrededor de la posible expropiación de Vicentin (por ahora solo un proyecto de ley), de fuerte carácter ideológico, con posturas a ambos lados de la brecha, tapó mediáticamente un tema técnicamente indiscutible. El mismo es que la empresa se endeudó mientras no lo necesitaba, según marcas sus niveles de facturación, a costa del Estado Nacional mediante dos vías: préstamos con el Banco de la Nación Argentina y deuda impositiva con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), alrededor de $30.000 millones entre ambos.

El 10 de febrero, la empresa presentó su concurso preventivo admitiendo una deuda de $99.345 millones, que intereses mediante hoy pasaron los $100.000 millones. En esa presentación ante el juzgado Civil y Comercial 2 de Reconquista, Santa Fe, el número exacto que planteó la empresa como deuda es $99.345.263.086,50. La misma está repartida en 2.638 acreedores y concentrada -más del 50%- en el sector financiero, principalmente la banca pública.

Lo más notorio del caso es que la empresa conducida por Sergio Nardelli, el “cerebro” de la misma como dicen quienes lo conocen, se endeudó hasta lo impagable mientras el año pasado facturó alrededor de u$s4.256 millones. Además representó, en el ejercicio 2017-2018, el 21% de la molienda nacional de soja y el 27% con respecto al girasol.

La pelea por la agenda política y la vuelta de la brecha

Si quedaban dudas de que el Gobierno estaba buscando imponer una agenda para la "pospandemia", el anuncio de Alberto Fernández sobre Vicentin las disipó. La intervención y pedido de expropiación de la histórica empresa del norte santafesino, fundada en la década del '20 por la familia materna de quien ahora es su dueño, Gustavo Nardelli Vicentin, produjo un cimbronazo que despertó una fuerte resistencia de la oposición y de dirigentes del mundo empresarial.

Los malos manejos de un pasivo gigante y una "decisión estratégica" de Estado se mezclaron en la gestación de la idea. También algunos movimientos de las autoridades de la empresa que corresponden a una presunta triangulación con una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas empujaron al oficialismo a tomar la decisión. Maximiliano Nardelli, uno de los dueños de la empresa familiar, aparece en los Panamá Papers como responsable de Kerdale Investments Corp., una firma offshore de ese paraíso fiscal, que declara como dirección la misma que Vicentin: Santos Palacios 228, ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

La trama es compleja y las aristas son múltiples. Los primeros pasos de la compañía se remontan al último gobierno de Hipólito Yrigoyen, pero más allá de algunos avances en la producción de aceites, recién en 1997 la empresa dio el gran salto para convertirse en una compañía de renombre internacional en el sector agroexportador, cuando inauguró su puerto propio a orillas del Río Paraná.

El año tampoco es casualidad. Fue justamente el asesor macrista Hernán Iglesias Illa, en su libro "Golden Boys. Vivir en los mercados", quien narró el derrotero de la empresa familiar que hoy tiene sedes en Paraguay, Uruguay y el viejo continente para llegar a tener un lugar de embarque propio. Lejos de la producción, el rápido ascenso estuvo vinculado a la compra de bonos basura, que se adquirían por centavos en Wall Street, se giraban al país y, aprovechando la convertibilidad, se convertían en grandes fortunas al valor nominal, y no al de mercada infinitamente menor que se había pagado. Una vez consolidada, esa fortuna se tradujo en negocios por todo el mapa nacional y convirtieron a la empresa en la principal contribuyente de la provincia de Santa Fe. La fecha de creación del puerto, el mayor hito de la empresa, no fue narrado en la emotiva carta de presentación que Vicentin ostenta en su web oficial.

De Menem a Macri

Considerados "hijos del menemismo" por colegas comprovincianos, los dos cerebros de la compañía hoy son Sergio Nardelli -de apellido materno Vicentin- y Alberto Padoán. Desde finales de 2015, abrazaron ideológica y materialmente la apuesta agroexportadora con baja de retenciones del macrismo. Y no les fue nada mal. Según el informe técnico del actual gobierno, que se publica al final de esta nota, la facturación de la empresa creció en los últimos años de U$S3.535 millones -en 2017- a U$S4.256 millones -durante el 2019-, con el 71,9% del negocio concentrado en el aceite y los subproductos de la soja.

Aún con una mayor facturación en dólares y salarios en pesos devaluados, la empresa acumuló una importante deuda que hoy asciende a los u$s1.500 millones. Directivos de la empresa aseguran que se cometieron errores y hubo inversiones arriesgadas que no resultaron rentables, pero la historia que pudo reconstruir NA es otra. A través de lo que en el agronegocio se conoce como "importaciones transitorias", la empresa traía los granos de soja desde Paraguay y los exportaba desde su refinería en Santa Fe. Así no solo aprovechaba el dólar caro de la era Macri, sino que evitaba pagar impuestos debido a que no se trataba de un bien local. El movimiento permitía dejar dólares en el exterior a través de sus subsidiarias de Paraguay y Uruguay.

Además, según aseguro el titular del Banco Nación, Claudio Lozano, la empresa giró parte de esos dólares a una empresa offshore radicada en Panamá. Según pudo averiguar NA en la base de datos de empresas vinculadas en los Panamá Papers, el hijo de Sergio Nardelli, Maximiliano, asiduo militante del PRO en sus redes sociales, es quien figura como titular de la offshore Kerdale Investments Corps. en las Islas Vírgenes Británicas, cuya gestión contable es operada desde Montevideo. Allí figura junto a otro santafesino, el rosarino Habib José Miguel Abraham, socio de Nicolás Nardelli en Labutte SRL y de Maximiliano en otra empresa argentina, Compañía General de Combustibles SRL.

La gestión de González Fraga

Con una gran deuda acumulada, sin pagar a sus proveedores ni a los pequeños productores cuya producción exportaban, la empresa accedió a un préstamo de u$s300 millones del Banco Nación. Tanto vocales de la empresa como técnicos de la entidad bancaria vieron la insolvencia del negocio, pero fue Javier González Fraga quien le puso el sello de todos modos a lo que hoy figura como la principal deuda de la firma agroexportadora.

La empresa había devuelto el favor por adelantado: el banquero fue nombrado en el directorio del Rofex (Mercado a Término de Rosario S.A.), donde se llegaron a negociar contratos de futuros que despertaban la envidia de los más expertos bolseros de la City porteña. Tal vez por eso, y ante los rumores de una fusión de la entidad rosarina con mercados brasileños, la Comisión Nacional de Valores, con apoyo de los miembros del Rofex nombrados durante la gestión de Macri, inició la fusión entre Matba y Rofex, valuada en u$s274 millones.