Por Pablo Carro (*)

Los argentinos, finalmente, tenemos un nuevo Régimen de Fomento de la Economía del Conocimiento. Es el resultado de un plan de gobierno que trazó el presidente Alberto Fernández para recuperar al país de la crítica situación en la que quedó a fines de 2019.

La flamante ley aporta más claridad acerca de los servicios profesionales que pueden acceder al beneficio, consagra el escalonamiento o segmentación de los mismos, en la reducción del impuesto a las ganancias.

Por otra parte, permitirá certificar si se mantienen o aumentan los puestos de trabajo, para que no haya trabajadores sin registrar ni prácticas fraudulentas.

Este es un mercado de competencia global, pero no entre empresas sino entre proyectos de país. Argentina tiene ventajas comparativas muy importantes, como la solidez del sistema científico universitario o la capacidad, creatividad, formación de nuestros profesionales y lo que llamaba el triángulo virtuoso de Sábato: la relación entre conocimiento, ciencia y tecnología, entre Estado, gobierno, universidades y empresas.

Los números del 2019 en relación con la ley de promoción del software muestran que de las 521 empresas beneficiarias, el 37,1 por ciento eran micro empresas; 46,8 por ciento, pequeñas empresas; 13,8 por ciento, medianas empresas y 2,3 por ciento, grandes empresas. Sin embargo, el 50 por ciento de los beneficios se concentró en diez empresas: seis de las grandes y cuatro de las medianas.

Así también, el 71 por ciento eran de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 10,4 por ciento de provincia de Buenos Aires, el 8,4 por ciento de Córdoba y el 6,7 por ciento de Santa Fe.

El 3,5 por ciento restante se distribuye entre las demás provincias.

La nueva ley cambiará esa situación, serán más beneficios, con una matriz más federal, y criterios sociales y productivos de avanzada.

El 75 por ciento de los puestos científicos o técnicos es ocupado por hombres, el mismo porcentaje es ocupado por mujeres, pero en las áreas de maestranza. Con la nueva ley, se aumentará la promoción si se contratan mujeres, travestis, transexuales, transgénero, o personas con discapacidad, con títulos de doctores en zonas desfavorables o de menor desarrollo estratégico.

En 2030 esperamos tener más de un millón de puestos de trabajo de calidad en este sector, alcanzar una exportación del 15 por ciento y 12 mil millones de dólares anuales.

He trabajado sobre esta iniciativa y no escuché a ningún representante de ninguna cámara y de ninguna empresa decir que se iba a ir del país como consecuencia de esta ley. Por el contrario, las empresas Metrotel y Silica Networks anunciaron una inversión de 10 millones de dólares para mejorar la conectividad internacional de la Argentina.

Por su parte, la empresa Intel dijo que va a duplicar su planta en Buenos Aires y la empresa Onapsis anunció una inversión de 55 millones de dólares.

Por otra parte, el presidente Alberto Fernández anunció el Plan Nacional de Conectividad, por el que se disponen recursos para volver a instalar el ARSAT en lo que antes era el ARSAT 3, que ahora va a ser el ARSAT de segunda generación y un satélite de comunicaciones, y en lo que se va gastar en la TDA, en el Data Center y en la extensión de fibra óptica.

Venimos de una etapa de endeudamiento, fuga de capitales y entrega a los grandes capitales transnacionales. Nosotros tenemos una perspectiva desarrollista, productivista, con inclusión, con todos los argentinos adentro para generar más conocimiento, trabajo y divisas, con justicia social, soberanía política e independencia económica.

La nueva Ley de Economía del Conocimiento tiene características más inclusivas, federales, progresivas y solidarias. Va a diversificar la matriz productiva, generar empleos de calidad, incorporar jóvenes al mercado formal de trabajo, crear polos de desarrollo federal y permitir un aumento de las exportaciones y la generación de divisas.

(*) - Diputado nacional del Frente de Todos por Córdoba; presidente de la comisión de Comunicaciones e Informática.