Por Esteban Bullrich (*)

Estamos frente a un caso en que los fundamentos de un proyecto de ley y las palabras que lo sostienen ocultan su verdadero objetivo.

En esta llamada Reforma del Poder Judicial ninguno de sus artículos trata de mejorar la vida de los millones de ciudadanos que caminan por la calle y sufren todos los días el grave problema de la inseguridad.

Tampoco tiene urgencia alguna, frente a la tremenda crisis económica - generada en gran parte por la pandemia- que provocó la caída de fuentes de trabajo, pobreza y hambre extremas.

En realidad sí, tiene necesidad de ser tratado de inmediato para algunos, a fin desarmar juicios y procesamientos cuyo final seguramente los condene para los que han cometido actos de corrupción propios y contra el Estado.

Solamente un convencido de lo absurdo puede suponer que estos juicios son actos de persecución política. Para ser más preciso: la palabra política existe en esos juicios, en el sentido de que fue a través de la política que se cometieron los mayores actos de corrupción, o sea, en perjuicio de cada uno de nosotros.

El otro costado de este disparatado proyecto de ley es su costo. Después de la entrega de favores para conseguir votos en las provincias que generó la duplicación de cargos en la reforma judicial, la misma nos costará a todos los argentinos, como piso, 6 mil millones de pesos.

Lo que se invertía en salarios $2 mil millones era Con esta reforma esa cifra se duplica y asciende a $4 mil millones; de 324 cargos (279 magistrados y 45 secretarias) a 635 (316 magistrados y 319 secretarias), sin contar los otros $2 mil millones por el costo de infraestructura.

Esto implica mayores costos que debemos afrontar todos los ciudadanos con nuestros impuestos y cuyo único fin es el de beneficiar a algunos funcionarios implicados en causas de corrupción.

El broche con el que cerraron este proyecto es el que incorpora un ataque claro y manifiesto a los medios de comunicación. El único objetivo de este artículo –que ni siquiera estaba en el proyecto original- es que se conozca una sola versión de los hechos: la del gobierno.

El resto pueden transformarse en actos delictuales.

Las críticas y la desilusión que tiene en nuestro país la dirigencia política está sostenida en llevar adelante proyectos como éste.

Debemos realizar un inmenso esfuerzo para que este proyecto no se transforme en ley.

(*) Senador Nacional por la Provincia de Buenos Aires (Juntos por el Cambio) y ex ministro de Educación nacional.