Cuando hasta hace pocas horas voceros del propio oficialismo daban a entender que el proyecto se enfriaba y podía quedar diluida en la reforma tributaria, finalmente hubo luz verde desde el Gobierno para avanzar el martes que viene con el tratamiento en el recinto del aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. En el kirchnerismo hubo.

El autor de la iniciativa, Carlos Heller, había insinuado el lunes pasado en una entrevista radial que el tema recién se trataría "en dos o tres sesiones", lo cual dio más aire a las especulaciones sobre la posible absorción en la ley tributaria que enviará el Ministerio de Economía.

¿Qué ocurrió en el medio? Difícil de reconstruir la secuencia. Pero las constantes dilaciones, marchas y contramarchas que tuvo este tema desde que se instaló en la agenda pública en abril pasado, pasando por su presentación en el Congreso el 28 de agosto pasado y las dudas posteriores remiten a una historia de fuertes pujas internas en la coalición oficialista.

En el detrás de escena aparece un juego de egos y voluntades políticas en el que pulsearon de un lado el kirchnerismo más duro, y por el otro lado el ala moderada del PJ más tradicional y el Frente Renovador, que ahora se verán en el compromiso de defender en el recinto un proyecto que no les convence, al menos en su formato de presentación.

No por casualidad la noticia de que la iniciativa se trataría el martes que viene fue anunciada con bombos y platillos en la noche del jueves por los voceros de Máximo Kirchner, cuando esa tarea suele estar reservada casi exclusivamente a la Presidencia de la Cámara baja.

A su vez, el anuncio de la sesión provocó un efecto cascada de declaraciones tuiteras celebrando la decisión, por parte de diputados cercanos a Cristina y Máximo Kirchner como Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Gabriela Cerruti. Ninguno de los legisladores del ala moderada del Frente de Todos se sumó a esa cadena de entusiasmo. Señales.

En efecto, los cuatro voceros designados por Máximo Kirchner para hablar con la prensa sobre la iniciativa representan justamente a los sectores más "combativos" del Frente de Todos: Carlos Heller de Unidad Ciudadana, Leonardo Grosso del Movimiento Evita, Daniela Vilar de La Cámpora e Itai Hagman por el Frente Patria Grande de Juan Grabois.

Tras el traspié con Vicentin (derrota que fue procesada con malestar), para el kirchnerismo más identitario el "aporte solidario", como le llaman, representa una victoria de potente significado simbólico dentro de la interna oficialista, ya que una percepción sobre los patrimonios de los más ricos de la sociedad se acomoda al relato que mejor le sienta sobre los pilares en que debería erigirse la reconstrucción del país post-pandemia.

En cambio, según habían señalado a NA fuentes parlamentarias del oficialismo no kirchnerista antes del anuncio de la sesión, la idea de instalar a fin de año un debate que apelará inevitablemente a una dinámica de confrontación con Juntos por el Cambio podría generar un ruido innecesario en la mesa de diálogo que el Gobierno necesita establecer con el sector privado de cara a la agenda de reactivación del país.

No cabe dudas de que en el extenso informe de 39 páginas que el bloque del Frente de Todos distribuyó a la prensa -y también a sus legisladores para alinear el discurso- está reflejada la visión "estatista" del sector alineado a Máximo Kirchner.

Se trata de un documento con información de contexto, consideraciones generales, antecedentes de la medida y sus razones para impulsarla, y un relevamiento del clima de opinión sobre el tema, con énfasis en los discursos de los detractores del aporte a las grandes fortunas, que presentan como un "impuesto a los ricos".

Allí, por ejemplo, acusan a la oposición de presentar a los empresarios como "sujetos victimizados e hipervalorados". "Son victimizados porque deben soportar una carga impositiva muy grande para sostener un Estado ineficiente. Son hipervalorados porque son los que producen empleo o dan trabajo, los que invierten, ayudan a las pymes derivándole producción, entre otras virtudes", señala el informe, que cita declaraciones recientes de Patricia Bullrich, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Cristian Ritondo y José Luis Espert, entre otros.

"¿Qué dice ese relato? Que hay un sujeto central en la reconstrucción del país post pandemia: es el empresariado. Este sujeto ocupa el lugar del Estado. En la medida que, en este discurso, el empresariado es el protagonista central en la reconstrucción pospandemia, el rol del Estado consiste en no interferir. El principal rol del Estado sería, según esa lógica, no atentar contra las potencialidades de ese sujeto empresario en su tarea de reconstruir el país", agrega el documento.

En este sentido, llaman a "debatir la falsa antinomia" que pretende instalar entre el empresariado y el sector público, y a reafirmar "el rol del Estado en la salida de la crisis", vinculando "el aporte extraordinario dentro de ese proceso de reconstrucción".