Finalmente, luego de un largo debate y algunos contratiempos, el Gobierno envió hoy al Congreso el proyecto que fija, por única vez, un aporte extraordinario sobre grandes fortunas, con el cual se pretende recaudar más de $300.000 millones, según estimaciones del oficialismo.

La iniciativa impulsada y redactada por los diputados del Frente de Todos Máximo Kirchner y Carlos Heller, que tiene el visto bueno del Ministerio de Economía, consiste en la aplicación de una tasa que va del 2% al 3,5% a las fortunas de entre $200 millones y $3.000 millones.

"El impuesto a las grandes fortunas nunca dejó de estar arriba de la mesa. Siempre dijimos que lo íbamos a presentar cuando lo creyéramos oportuno", afirmó Heller.

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Durante la mañana se llevó a cabo una presentación en el bloque de diputados del Frente de Todos que estuvo a cargo del propio Heller, titular de la Comisión de Presupuesto.

También ofició de vocera la diputada oficialista Fernanda Vallejos, titular de la Comisión de Finanzas, mientras que José Luis Gioja fue el encargado de organizar las preguntas dentro del bloque, que tuvo la participación de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Leopoldo Moreau.

Según cálculos realizados dentro del Gobierno, este aporte podría alcanzar a entre 12 mil y 15 mil grandes contribuyentes, y la recaudación estimada superaría los $300.000 millones, según precisó Vallejos.

"Los argentinos y argentinas lo esperaban. El aporte extraordinario empieza su recorrido parlamentario y, no tengo dudas, lo convertiremos en ley", aseguró Vallejos en un mensaje difundido a través de las redes sociales, y afirmó que será una "contribución de los más ricos en pos de un país más justo y solidario".

Según los impulsores de la iniciativa, el aporte no constituye un impuesto en términos legales ni técnicos, y tiene carácter progresivo: mayor riqueza, mayor alícuota.

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Se denomina "Aporte Extraordinario Solidario" y requiere para su aprobación por tratarse de un nuevo tributo de una "mayoría especial", esto es el voto positivo de 129 diputados, número exigido para dar quórum a la Cámara.

El borrador fue públicamente difundido en abril y rápidamente recibió el rechazo de diversos sectores de la oposición pero principalmente de cámaras empresariales como el Foro de Convergencia -que agrupa a 35 entidades de todo el país- y de otras ligadas a las finanzas y el agro.

En un comunicado, alegaron que "los proyectos de crear nuevos impuestos al patrimonio y a las ganancias de las empresas es un antecedente sumamente negativo para recrear el clima de inversión".

Los impulsores de la iniciativa respondieron que está destinada a paliar los graves efectos de la pandemia y que no está dirigida a las empresas sino a las personas.

Según la iniciativa, aportarán quienes hayan declarado al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio superior a los 200 millones de pesos y la alícuota dependerá de la riqueza de cada uno.

En el caso de bienes en el exterior, el tributo tendrá un recargo del 50% sobre la alícuota, pero si el poseedor decide repatriar un 30% de las tenencias financieras, se elimina este diferencial.

La recaudación tendrá como propósito diversos fines, y un 20% se destinará a comprar y elaborar insumos y equipos para cubrir la emergencia sanitaria.

También se destinarán recursos a la remuneración de trabajadores, becas para estudiantes y aportes para habitantes de barrios populares.