Una protesta de trabajadores de aplicaciones de delivery produjo hoy momentos de tensión y corridas frente a la Legislatura porteña, en el marco del rechazo de los repartidores a la ley que se impulsa para regular la actividad.

Los disturbios se originaron debido a una interna entre miembros de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASiMM) y un grupo de repartidores no sindicalizados.

La concentración de los repartidores se inició en las puertas de la Legislatura antes del mediodía con unos 500 trabajadores exhibiendo pancartas, realizando cánticos y tocando bombos, todos ellos con barbijos pero con poco distanciamiento social.

Por la tarde se trataba el proyecto para regular la actividad de delivery y mensajería (impulsado por el oficialismo de Vamos Juntos, con el respaldo del bloque UCR-Evolución), que los repartidores rechazan al considerar que la normativa los perjudica.

Pero en un momento comenzaron los enfrentamientos entre los dos bandos que protestaban y se vivieron momentos de tensión con corridas en las calles aledañas al palacio legislativo porteño, mientras que efectivos policiales debieron intervenir para que la situación no se intensificara.

La iniciativa fue presentada el mes pasado por la legisladora de Vamos Juntos Cristina García de Aurteneche y obtuvo dictamen favorable en las comisiones de Tránsito y Transporte y de Justicia, pero no cuenta con el visto bueno de la oposición porteña ni de los repartidores.

A fin de regular una actividad con altos niveles de informalidad, el proyecto plantea como requisito indispensable la inscripción en la AFIP y la AGIP, la habilitación de los repartidos y los cursos de capacitación en seguridad vial.

"Estamos convencidos de que esta ley se ajusta a la realidad actual porque la actividad ya venía teniendo un crecimiento sostenido previo a la pandemia y con la emergencia sanitaria creció aún más. Es un primer gran paso en la regulación de esta actividad porque le otorga al servicio un marco legal con nuevas pautas, derechos y obligaciones, prohibiciones y sanciones para que los actores involucrados continúen operando bajo condiciones de seguridad imprescindibles", explicó la autora de la propuesta.

Por su parte, Damián Zárate, delegado de los empleados de apps de delivery, dijo a NA que "este proyecto se hizo a espaldas de los trabajadores", y lamentó que con esta iniciativa los repartidores "que son de provincia no van a poder trabajar en la Ciudad".

Por su parte, la Asociación de Personal de Plataformas (APP) cuestionó en un comunicado el proyecto, al definirlo como "discriminatorio", y criticó "la figura del repartidor habilitado" al señalar que "dispone más de 15 sanciones en los códigos de transporte, de faltas y contravencional especialmente pensadas para perseguir a los repartidores que no cuenten con la habilitación".