La jueza federal María Servini ordenó reanudar el peritaje sobre las llamadas del ex presidente Mauricio Macri y ex funcionarios de su Gobierno en el marco de una causa sobre supuestas presiones sobre el Grupo Indalo para torcer su voluntad en la línea editorial, así como para eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Lo dispuso pese al fallo de la Cámara Federal que había revocado esa medida por considerarla invasiva e inapropiada.

La magistrada decidió continuar con el peritaje hasta tanto el fallo de la Cámara Federal esté firme, y por ello ordenó librar oficio de estilo a la Dirección General de la Oficina de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial "a efectos de ponerle en conocimiento".

El peritaje es en el rango que va desde el 1 de enero del 2016 y el 31 de agosto del 2019 y comprende los teléfonos del ex mandatario; el ex jefe de asesores de Presidencia José Torello; el amigo de Macri Nicolás Caputo; el diputado del Parlasur Fabián Rodríguez Simón; el ex secretario de Coordinación Interministerial Mario Quintana; el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel; y los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli; así como también de un grupo de empresarios.