El miércoles 6 y jueves 7 de mayo se vivió un hecho histórico en la Patagonia argentina con la presencia de funcionarios nacionales del Ministerio de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos. Junto con un equipo de trabajo viajamos a Bariloche para poner en marcha una "Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios".

Durante el gobierno anterior, los pueblos originarios -en especial la comunidad mapuche-, vivieron una demonización que legitimó el uso de la fuerza represiva ante cualquier acción de reclamo por el acceso a derechos constitucionalmente reconocidos.

El resultado de aquella política tuvo consecuencias fatales y no resolvió ninguno de los conflictos. Por el contrario, los dejó latentes, los incrementó y alentó una escalada de violencia cuyas consecuencias han sido durísimas para las comunidades originarias.

Con la asunción del Presidente Alberto Fernández, se produjo un cambio radical de paradigma en materia de seguridad. Es en este nuevo marco que, durante el Consejo de Seguridad Interior -realizado en Tucumán en febrero de este año- la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, decidió constituir la Mesa Alternativa de Resolución de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios integrada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el de Seguridad y el de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con el acompañamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y Parques Nacionales (PN).

La función principal de este mecanismo es la actuación del Estado Nacional, a pedido de cualquiera de las partes, en todo conflicto territorial suscitado con las comunidades originarias, con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas para cada caso y evitar así hechos como los que sucedieron en el pasado reciente.

Ante la reciente violencia de la que fueron víctimas miembros de la Comunidad Lof Che Buenuleo de Bariloche, el INAI solicitó la intervención de la Mesa, la que se constituyó a través de una videoconferencia presidida por la Ministra de Seguridad y la participación de todas las partes. Ese encuentro concluyó con un acuerdo temporal a la espera del cese del aislamiento preventivo dispuesto ante el Covid-19.

Posteriormente, al reiterarse los ataques contra la comunidad, la Mesa decidió hacerse presente en el lugar de las agresiones.

Funcionarias y funcionarios del Ministerio de Seguridad y del INAI, junto con la colaboración de la doctora en Antropología, Laura Kproff -investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y CONICET- mantuvimos reuniones con la Justicia federal, los principales referentes y representantes de la comunidad Lof Che Buenuelo, el Obispo de Bariloche, la APDH, el Parlamento Mapuche, el Consejo de Desarrollo del Pueblo Mapuche y con el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Gastón Pérez Estevan.

Tras varios encuentros en los que se logró establecer el diálogo sincero y propositivo como base para la resolución de este conflicto, se acordó hacer un recorrido para conocer in situ el territorio en disputa.

Allí las autoridades nacionales, provinciales y de la comunidad decidimos firmar un acta acuerdo que impone a todas las partes responsabilidades durante los próximos 90 días y que garantiza, durante ese período, la protección de la comunidad, a la vez que se gestiona el conflicto de fondo: la disputa judicial por la titularidad de las tierras.

La comunidad Lof Che Buenuelo vivió esta intervención como un hecho histórico. Para el Estado argentino, también lo es.

A diferencia de otros procesos políticos, para el gobierno nacional la gestión pública en seguridad en clave federal, en articulación con los gobiernos provinciales y con la colaboración de los actores relevantes de cada conflicto es el camino indicado para poner a la Argentina de pie.

*Subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.