Por Sebastián Hadida

El 17 de noviembre, en el Día de las Militancias, todos los reflectores apuntaron al envío por parte del Gobierno del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), el cual había sido prometido en campaña y anticipado en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Fue en el marco de una jornada cargada de tensiones, con una movilización afuera del Palacio Legislativo para apoyar el tratamiento del impuesto a la riqueza que se discutía intramuros.

Sin embargo, eso día también se anunció el tratamiento del proyecto de los 1000 días, una suerte de contrapeso y guiño al sector celeste para atender la problemática de las mujeres vulnerables que deseen seguir adelante con sus embarazos.

La jugada podía verse como una concesión, pero también como una maniobra para desarticular el argumento del sector "celeste" más radicalizado respecto a que el Estado sólo le ofrecía a las mujeres pobres la opción del aborto ante el dilema de un embarazo no esperado.

La discusión está abierta y más allá de las interpretaciones, parecería haber un consenso unánime en que se trata de una buena iniciativa, que consagra normativamente una serie de políticas que ya existen, pero que no constituían un derecho y dependían de la voluntad de cada gobierno de turno.

En este programa de acompañamiento a la maternidad desde el embarazo hasta los primeros años de vida del niño se destaca la creación de una Asignación por Cuidado de Salud Integral.

Es una nueva asignación universal que consiste en el pago de una suma de dinero anual por cada niño o niña menor de tres años de edad que se encuentre a cargo de la persona gestante.

"Esta prestación se orienta a acompañar y estimularlos controles de salud durante la primera infancia, a través de una asignación única anual para aquellos y aquellas niños y niñas que hayan tenido derecho al cobro de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social o Hijo con discapacidad para Protección Social, siempre y cuando se haya acreditado el cumplimiento del plan de vacunación y control sanitario de las niñas y los niños a cargo, menores de TRES (3) años de edad", destaca el proyecto en sus fundamentos.

A su vez, la asignación universal por embarazo, que se abonaba mensualmente en seis períodos, pasaría a pagarse en 9 mensualidades.

La primera duda que salta a la vista es el costo fiscal y de dónde surgirán los recursos para financiar este conjunto de políticas, toda vez que en las planillas del Presupuesto 2021 no se advierten partidas específicas para cubrir estas erogaciones.

Esto se sumará al gasto (tampoco especificado en el texto presupuestario) que implicará adecuar el sistema de salud público para poder practicar abortos en condiciones seguras, en caso de aprobarse dicha iniciativa.

Inevitablemente el financiamiento de estos programas requerirán de una redistribución de recursos presupuestarios, una facultad que es legal pero limitada.

En diálogo con NA, la diputada nacional del PRO Victoria Morales Gorleri valoró el proyecto de los 1000 días pero consideró que no es bueno que se haya propuesto su tratamiento de la mano del IVE.

"Es un proyecto muy bueno, si bien mejorable. Ese es el camino que tenemos que encarar. Si bien retoma muchas de las cuestiones que ya se ejecutan y existen en nuestro país, es muy bueno que se haga a nivel legislativo. Que se deje establecido y que de esa manera los poderes ejecutivos con cambios permanentes cada cuatro años, no puedan modificarlo. Celebro que se plantee como una verdadera política de Estado", consideró.

Sin embargo, dijo que el espíritu de esta ley es contradictorio con el de la legalización del aborto, ya que a su juicio esta última implica resignarse a que no se puede revertir los motivos por los cuales las mujeres "llegan a esta terrible y dolorosa situación" de abortar.

"El derecho a decidir son justamente políticas publicas como

la de los 1000 días, y muchas otras más que debemos trabajar fuertemente como la de educación sexual y reproductiva. Y no que aparezcan otras leyes por las que se diga que la mujer es libre y sin embargo no lo es. (Cuando decide abortar) no es libre sino que está tomando quizás la peor decisión de su vida o por lo menos una decisión tremendamente dolorosa que es terminar con la vida del hijo que lleva en su vientre", reflexionó.

En declaraciones a NA, el presidente de la comisión de Salud (que será cabecera del debate), Pablo Yedlin, consideró que se trata de "un proyecto muy interesante" que "viene a fortalecer muchas de las políticas públicas que tienen las personas gestantes y los niños hasta los 1000 días de vida".

"Da una fuerte señal de que el Gobierno va a hacer lo imposible para proteger a las personas con capacidad de gestar embarazadas que quieran seguir con su embarazo y que el Estado las acompañe aún en condiciones de máxima vulnerabilidad", reconoció al poner blanco sobre negro sobre la lógica política del Gobierno nacional al tratar en simultáneo la ley de aborto y la de los 1000 días.

Siguiendo esta línea, el tucumano enfatizó que con la ley de los 1000 días el Estado está diciendo que le "interesa la vida de los recién nacidos y de las madres", saliendo así al cruce de las acusaciones del sector autodenominado "pro vida".

"Eso no quita que en algún momento una mujer decida interrumpir el embarazo. Si ella lo ha decidido y lo quiere hacer, la ley de IVE lo que hace es no condenarla a la clandestinidad sino que es el Estado el que se hace cargo a través del sistema de salud", recalcó.