El juez de cámara Martín Irurzun revocó el pedido del empresario Carlos Rosales para declarar incompetente al fuero federal, y enviar a la justicia comercial, la causa originada en la denuncia que le hizo Alberto Castro, quien lo acusó de supuestos delitos. La causa seguirá tramitando ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 6, a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, según la decisión que Irurzun tomó el pasado jueves 28 de mayo.

El fallo es sobre un tema procesal, la competencia de la causa; no sobre el tema de fondo, la acusación que le hace Castro a Rosales por supuestas “estafa, administración fraudulenta y lavado de divisas”. Pero la decisión de Irurzun es un revés judicial para el pedido de Rosales, que el 22 de mayo pasado firmó un acuerdo de exclusividad para quedarse con Garbarino y ya está en proceso de due diligence con la cadena de electrodomésticos. Rosales, además, es protesorero de San Lorenzo de Almagro, cargo al cual llegó por decisión del presidente de esa institución, Marcelo Tinelli.

La acusación realizada por Castro es que le aportó a la aseguradora PROF una capitalización cercana a u$s 12 millones, a cambio de lo cual se comprometieron a participarlo en la gestión y dirección de la empresa. Esto no ocurrió, y Rosales le terminó entregando títulos de capitalización por u$s 6,5 millones, la mitad de lo que había aportado.

Sobre esta base radicó una demanda en la justicia federal, que tramita en el juzgado de Canicoba Corral. La apelación de Rosales fue para que la misma pase a la justicia comercial, a lo que el jueves pasado el juez de cámara respondió negativamente. “Quien pretende asumir el carácter de acusador particular propicia que se investigue a los responsables de Productores de Frutas Argentinas Cooperativa de Seguros Limitada, que hoy se denominaría Grupo Prof, por distintos hechos”, apunta el fallo de Irurzun.

También señala que “la resolución apelada -que siguió el criterio del Fiscal- consideró solo un aspecto de la denuncia para decidir que los acontecimientos que atañen a un posible perjuicio económico a particulares exceden la competencia de este fuero de excepción”. Por último, resuelve “revocar la resolución apelada en cuanto declina la competencia del fuero federal para investigar los hechos denunciados, debiéndose continuar con su instrucción en este fuero”, es decir, el federal.