La jueza en lo contencioso administrativo federal María Biotti rechazó hoy suspender la decisión del Consejo de la Magistratura de la Nación de revisar los traslados de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, ambos integrantes de la Cámara Federal porteña, a quienes el Gobierno quiere remover de ese cargo por no haber tenido el aval del Senado de la Nación.

En el mismo fallo, la jueza le pidió al Consejo de la Magistratura que presente un informe sobre la demanda que los camaristas iniciaron en su contra.

Se trata de los diez jueces cuyos cargos son cuestionados por el Gobierno Nacional, ya que fueron trasladados de sus puestos originales a los lugares que ahora ocupan sin haber contado con el visto bueno del Senado, lo que se está buscando ahora.

Los jueces, además del amparo, presentaron un pedido para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de la decisión del Consejo de revisar sus traslados.

"Que en lo que concierne a la medida interina que se solicita durante el plazo fijado al demandado para presentar su informe en los términos de la norma citada (ley 26.854), en atención al breve plazo que se otorga a la accionada para contestar el informe del art. 4 de la ley 26.854, no se advierte que durante su transcurso pudiera provocarse un daño de dificultosa reparación ulterior, ni que pudiera ocurrir algún acto que no pueda ser suspendido a través del dictado de la cautelar pretendida, por lo cual no corresponde acceder a lo peticionado", sostuvo Biotti.

La jueza le pidió a la vez al Consejo de la Magistratura, con un plazo de hasta cinco días, que presenten dos informes sobre la demanda que Bruglia y Bertuzzi presentaron contra la resolución 183 que el organismo tomó hace dos semanas, en la cual se decidió buscar el aval del Senado de la Nación, lo que no se hizo durante el macrismo.

Tras los informes solicitados, la jueza tendrá que resolver el segundo pedido hecho por Bruglia y Bertuzzi para que dicte una medida cautelar y suspenda la vigencia de la decisión hasta que decida si es o no constitucional.

Se trata de dos jueces que son integrantes de la Cámara Federal donde se decide el futuro de muchas de las investigaciones por corrupción, puesto que revisan todas las decisiones que son objetadas de los magistrados de primera instancia.