La oposición presentó un proyecto de resolución en Diputados para repudiar el decreto que le quita coparticipación a la Ciudad.

El documento presentado dice: "Lejos de la postura dialoguista que pregona el Poder Ejecutivo Nacional, la medida repudiada es un ejemplo más de desprecio por la construcción de consensos y de falta de conducción política que perjudica a la población especialmente en el contexto de emergencia sanitaria".

Y agrega: "La desfinanciación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una pobre estrategia política que obstaculiza el necesario trabajo en conjunto de las 3 jurisdicciones - Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires - para enfrentar la pandemia".

También indica: "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido históricamente castigada con traspasos anteriores como las escuelas primarias durante la dictadura, o las escuelas secundarias y 11 hospitales durante el gobierno de Menem, sin transferencia de recursos de la Nación tal como se hacía con las Provincias".

"La misma lógica que se intentó aplicar para justificar la escasez de recursos en la transferencia del subte en 2011, vuelve para perjudicar la calidad de vida no solo de los porteños, sino también de los bonaerenses. El argumento acerca de que el tendido del subte se encuentra totalmente dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como el argumento de que sus servicios benefician únicamente a los porteños son de una necedad que daña a toda la sociedad", sostiene.

"La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es de uso exclusivo de los porteños, los servicios financiados por sus contribuyentes benefician a 15 millones de habitantes que comparten la ciudad y están siendo desatendidos o, peor, mal atendidos por el gobierno. Cerca del 10% de las matrículas de escuelas públicas de la Ciudad son de la Provincia de Buenos Aires, casi la mitad de los egresos de los hospitales de la Ciudad corresponden a residentes de la Provincia de Buenos Aires, sin mencionar las oportunidades laborales que la Ciudad brinda a los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, lo cual se evidencia en la duplicación diaria de población de la Ciudad con el tránsito de habitantes del Gran Buenos Aires y que también conlleva gastos para la ciudad en materia de transporte, mantenimiento y seguridad", explica.

Y subraya: "Esta decisión, en este momento, de profundizar la desfinanciación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hace otra cosa que limitar su capacidad de enfrentar la pandemia".

Además indica: "La quita de 1% dispuesta representa aproximadamente $ 35.000 millones de pesos, lo cual significa un mes y medio de recaudación impositiva de la ciudad ($23.500 millones en julio 2020), casi un 50% del presupuesto de Seguridad de la Ciudad ($75.000 millones), o la mitad del presupuesto de salud ($70.000 millones). Consecuentemente, en lugar de fortalecer la autonomía de la Ciudad tal como establece la Constitución Nacional, se pretende aislarla".

"La medida resulta igualmente repudiable por profundizar la mala administración de los recursos de la Provincia de Buenos Aires. Dicha Provincia ha recibido ya 90 mil millones de pesos de asignaciones discrecionales de fondos nacionales en los últimos 6 meses y el decreto en cuestión no hace sino continuar asignando recursos sin indicación de destino específico", detalla.

"Lejos de pretender negar las problemáticas existentes y la particular situación de desestabilización institucional que la medida repudiada pretendió atender, las respuestas a estas exigencias no deben encontrarse en la profundización de la grieta existente entre los argentinos. Debemos abandonar la lógica dual y los argumentos tendientes a calificar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de "opulenta" simulando quitar a los ricos para financiar a los pobres", señala.

"No obstante, la salida elegida por el Poder Ejecutivo Nacional redunda en un ejemplo más de discrecionalidad en la repartición de los fondos nacionales históricamente característica del peronismo que ha utilizado diversos medios para confirmar esa tendencia: la opacidad en la distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, la discrecionalidad en la selección de Provincias donde ejecutar obras públicas con fondos nacionales y, ahora, el avasallamiento a la institucionalidad de Coparticipación", concluye.