Por qué Juntos por el Cambio votó dividido el Presupuesto
De los 108 diputados de ese espacio que marcaron el voto, 89 se abstuvieron, pero 13 votaron en contra y 6 a favor.
Por Sebastián Hadida
Por primera vez, el interbloque Juntos por el Cambio expuso grietas a su interior en una votación de la Cámara de Diputados. ¿Qué ocurrió? Hubo mucho debate previo sobre cómo debía votar el Presupuesto, si por la negativa en función de las "inconsistencias" macroeconómicas o si por la abstención como un gesto de mano tendida al Gobierno.
Finalmente primó la postura moderada en el acuerdo de cúpulas de los tres partidos de la coalición opositora, y terminó pesando bastante en la balanza la preferencia de los gobernadores cambiemistas de Jujuy, Corrientes, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires, quienes tienen que gestionar sus territorios y necesitan seguir manteniendo puentes fluidos con la Casa Rosada por razones de gobernabilidad.
Pese al acuerdo previo, a la hora de marcar el voto hubo desprendimientos. De los 108 diputados de Juntos por el Cambio, 89 acataron el libreto y se abstuvieron, pero otros 13 se abroquelaron en una postura intransigente y dura, y votaron negativamente.
De esos 13, siete fueron del PRO, seis de la Coalición Cívica y ninguno de la UCR.
Por el PRO votaron en contra Omar De Marchi (Mendoza), Fernando Iglesias y José Luis Patiño (Ciudad de Buenos Aires), Luis Juez (Córdoba), Francisco Sánchez y David Schlereth (Neuquén) y Pablo Torello (Buenos Aires).
Por la Coalición Cívica, se opusieron Mónica Frade (Buenos Aires), Leonor Martínez Villada (Córdoba), Paula Olivetto y Mariana Zuvic (Ciudad de Buenos Aires), Mariana Stilman (Buenos Aires) y Alicia Terada (Chaco).
Oliveto fue una de las que durante el debate explicó más claramente las motivaciones del voto duro en contra del Presupuesto oficial. Señaló, por ejemplo, que es "inadmisible acompañar un presupuesto que delega el Congreso sus facultades a un funcionario que no eligió el pueblo sino el presidente de la República".
Se refería a lo consignado en el artículo 93, que obliga a las provincias a solicitar autorización al Ministerio del Interior, en la actualidad encabezado por Eduardo "Wado" de Pedro para acceder a operaciones de endeudamiento y otorgar garantías y avales.
"Este presupuesto que hoy está a nuestra consideración está plagado de delegaciones de facultades que nos deja a los legisladores ante un panorama minoritario y excluyente".
También hubo desprendimientos respecto de la postura abstencionista pero en sentido contrario: seis diputados acompañaron el proyecto oficialista, decisión que llamó poderosamente la atención ya que no estaba en los cálculos previos.
En el caso de las correntinas Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y de los jujeños Osmar Monaldi, Gabriel Burgos y Jorge Rizzotti, el voto afirmativo fue por instrucción expresa de sus gobernadores (ambos radicales) Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy).
El caramelo con el que el Gobierno logró endulzar a estos dos mandatarios opositores fue la inclusión del artículo 104 que fija la automaticidad del Fondo del Tabaco: se trata de dos provincias que, junto a Misiones, son productoras de esa materia prima.
A esos cinco diputados radicales que votaron a favor se sumó el riojano Felipe Álvarez, que tiene un monobloque (Acción Federal) dentro de Juntos por el Cambio, y quedó satisfecho con la incorporación en el proyecto (tras gestiones del gobernador Ricardo Quintela con Máximo Kirchner y varios ministros) de 250 millones de partidas extras para la capital provincial (gobernada por la ex senadora radical Inés Brizuela y Doria) y otros 250 millones para el resto del territorio.
"Aprobamos en Diputados el Presupuesto 2021, herramienta clave para la gobernabilidad. Como riojano, estoy orgulloso de haber logrado el objetivo: más recursos para nuestra gente y autonomía para los intendentes", celebró Álvarez en su cuenta de Twitter al concluir la votación.
Fueron varias las provincias beneficiadas a partir de negociaciones de último momento para mejorar el dictamen. Lo más evidente fue la autorización para crear una zona franca exenta de impuestos nacionales mediante un régimen aduanero especial en las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes.
Originalmente, la única provincia beneficiada iba a ser Misiones por su competencia directa en términos comerciales y productivos con Paraguay y Brasil, pero la exclusividad generó recelos en las provincias de la zona, que exigieron el mismo tratamiento especial, lo cual fue finalmente otorgado.