El Gobierno restableció este viernes la suma de 5 millones de pesos como recompensa para poder hallar a diez represores prófugos, incluido uno cuya esposa presentó ante la Justicia un certificado de defunción sudafricano que fue cuestionado por la Justicia.

A través de la Resolución 433/2020, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad puso nuevamente en vigencia la oferta de dinero para aquellas personas que brinden datos útiles para poder capturar a los miembros del aparato represivo de la última dictadura militar.

Los represores buscados son Carlos Alberto Arroyo, José Luis Piedra, Horacio González Llanos, Fernando Federico Delgado, Juan Carlos Linarez, Héctor Mario Schwab, Jorge Raúl Vildoza, Ángel Ervino Spada, Miguel Ángel García Moreno y Juan Carlos Vázquez Sarmiento: algunos estuvieron detenidos y se fugaron de distintos establecimientos penitenciarios.

El caso de Vildoza se destacada del resto debido a que Ana María Grimaldos, la esposa del capitán de navío que fue jefe del Estado Mayor del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada, había presentado en 2012 ante la Justicia un certificado de defunción expedido en Sudáfrica siete años antes