Distintos sectores de la salud, médicos y sanitaristas manifestaron preocupación por las aglomeraciones que generan las marchas, como la que se convocó este sábado para pedir la liberación de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala.

Desde el ámbito sanitario enfatizaron la necesidad de mantener el distanciamiento social en momentos en que el país atraviesa un pico de casos de Covid-19 y ante la inminencia de una nueva ola y de posibles nuevas cepas. Señalaron que el aumento de casos pone en riesgo la capacidad del sistema sanitario, lo cual constituye un problema que se busca contener desde los inicios de la pandemia, sobre todo ahora que hay un rebrote de la enfermedad.

Este mediodía, el kirchnerismo convocó a una movilización al Palacio de Justicia pare exigir que liberen a Sala, quien cumple cinco años detenida en Jujuy.

La marcha fue convocada por La Cámpora y otras organizaciones oficialistas bajo la consigna "Milagro Sala, 5 años presa política".

Las columnas de militantes se concentraron a partir de las 12:00 en distintos puntos de la Avenida 9 de Julio y luego partieron hacia el edificio donde funciona la Corte Suprema de Justicia, en Talcahuano y Tucumán, en el barrio porteño de San Nicolás.

Las inmediaciones de Tribunales quedaron plagadas de basura, luego de que los manifestantes se aglomeraran en la zona.

La Tupac Amaru arrojó cientos de bolsas de basura por arriba del vallado que rodeaba al edificio a modo de protesta contra la Corte Suprema y para graficar la consigna "Basurero de la democracia", como lo consignó en su cuenta oficial de Twitter.

La detención de Sala

"El Gobierno nacional, antes de seguir trabajando o seguir haciendo acuerdos políticos, debe hacer acuerdos para liberarnos a nosotros", sostuvo Sala el pasado viernes en declaraciones televisivas, al tiempo que pidió soluciones "políticas" para su situación.

La dirigente jujeña fue detenida el 16 de enero de 2016 con prisión preventiva por una serie de acusaciones y en diciembre de ese año fue condenada a tres años de prisión en suspenso bajo el cargo de "instigación de daños agravados", durante un "escrache" contra el gobernador de la provincia norteña, Gerardo Morales.

En junio de 2017 la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y tras un planteo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Justicia jujeña le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diciembre de ese año, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo tras argumentar que existía riesgo de "obstaculización" del proceso, al tiempo que ordenó que se cumpla con el dictamen de la CIDH sobre el arresto domiciliario.

Dos años después, en enero de 2019 la Corte dejó firme la condena de la dirigente, que poco después recibió otra condena, en primera instancia, a 13 años de prisión por los delitos de "fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos" destinados a la construcción de viviendas.