Por Lucio Di Matteo

El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky está frente a un doble cuestionamiento del fallo que produjo, a fines del año pasado, por la famosa causa "Mafia de los Contenedores". Por un lado, como anticipó ayer NA, la presentación del Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA) ante la Sala B del fuero Penal Económico, pidiendo ser "Amicus Curiae", señalando que su fallo por la causa 529/2016 contenía "falsedades, errores e incongruencias".

Por otra parte, NA accedió a la presentación que 20 verificadores de la Aduana (uno de los escalafones de base en el trabajo del comercio exterior), presentaron ante el propio juez el 22 de junio pasado, cuestionando lo mismo que el gremio. En esencia, haber tomado como prueba fundamental un documento que no es tal y tiene datos erróneos, y además haber valorado como clave el testimonio de un funcionario de la Administración General de Puertos (AGP), que poco y nada sabe del funcionamiento de la Aduana.

La presentación, realizada por los abogados Andrea Perciacante y Rodrigo Peydro, es dura en lo que dice e inquietante por lo que calle. Por ejemplo, señala que un contenedor pesado en 4.140 kilos figura en el BAPLIE por 26.000 kilos, mientras que otro arroja cifras al revés, pesado por 26.160 kilos y BAPLIE por 18.000 kilos. El juez como válidos los pesos del BAPLIE, a pesar que este no es un documento oficial.

En mayúsculas, el escrito de los verificadores apunta un argumento que podría volver nula a toda la causa y su fallo. "El BAPLIE nunca reflejó la realidad de los hechos en los 39 casos verificados por el magistrado, en consecuencia tampoco lo hizo en los 500 contenedores investigados en la presente causa", señala la presentación hecha por los abogados Perciacante y Peydro.

Lo que la presentación judicial calla es cuáles pueden ser las razones para que un juez de tanta experiencia haya tomado los BAPLIE como prueba válida. Lo mismo ocurre con la declaración testimonial de Horacio Ferreyra, funcionario de la Administración General de Puertos (AGP), a la que el escrito califica de "llamativamente puntual y exigua". ¿Cómo pudo un capitán de ultramar, y funcionario de Puertos, producir una declaración puntual sobre un tema ajeno a su dominio, el aduanero? Aquí nuevamente las miradas apuntan sobres el juez, y las condiciones en las cuales se habría producido la declaración de Ferreyra.

Pide sobreseimiento

En definitiva, la presentación de los abogados de los verificadores insta al sobreseimiento de sus defendidos, sostiene la falsedad de las pruebas y plantea la nulidad de uno de los testimonios de la causa. El escrito describe en detalle algunos de los errores cometidos en todo el proceso judicial, entre ellos no sólo que el BAPLIE, la prueba principal en la que se basó el juez, no es un documento oficial, sino también que dicho documento contiene datos falsos.

"No resulta una excusa atendible, lo expresado por los verificadores, al prestar declaración indagatoria, en cuanto a que el archivo “BAPLIE” no se trata de un documento obligatorio o complementario del trámite aduanero, ni tampoco que el verificador no haya conocido la existencia misma de este dato. En efecto se trata de una prueba independiente, ajena al trámite aduanero y cuya existencia misma revela, en los casos respectivos, el engaño en cuanto al peso declarado", dice el escrito.

"Contra la pesada del material "físico" bajado de los contenedores, casi absolutamente todos los BAPLIE erraban por 5 miles de kilos. Esto demuestra un gravísimo error y arbitrariedad manifiesta, toda vez que se sostiene la imputación de la mayoría de los aquí inculpados en base a datos FALSOS de falsedad absoluta (y sencillamente contrastables)", dice exactamente la presentación de la defensa. Lo que afirma es que a partir del relevamiento efectuado se advierte que existen grandes diferencias en todos los casos, "algunas mayores a 20.000 kilos".