Por Sebastián Hadida

Durante el 2020, año atípico en el que la pandemia marcó el pulso de la política, el Gobierno de Alberto Fernández envió 36 proyectos de ley al Congreso nacional, de los cuales pudo aprobar 21, en tanto que durante este verano tiene la posibilidad de lograr la sanción definitiva de un puñado más en el marco del período de sesiones extraordinarias.

A partir de mediados de marzo hubo un fuerte parate legislativo en espejo a la parálisis de la economía, pero en poco tiempo se logró implementar un sistema innovador de funcionamiento parlamentario remoto que descongeló el Congreso, y desde principios de mayo la actividad de comisiones y sesiones fue intensa, superando con creces el período 2019.

La primera ley de importancia que el Gobierno de Fernández logró fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, llamada "ley de emergencia", la cual fue aprobada de forma exprés en menos de 48 horas, primero en Diputados y seguidamente en la madrugada del 21 de diciembre.

En enero, el Frente de Todos logró aprobar el Consenso Fiscal 2019, que suspendió durante el período fiscal 2020 el esquema de reducción de alícuotas del impuesto sobre los ingresos brutos y del impuesto de sellos. Esta iniciativa había sido rubricada por Fernández con los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en los primeros días de su arribo a la Casa Rosada.

En febrero, el Senado convirtió en ley con la unanimidad de los votos al proyecto que declaraba la sostenibilidad de la deuda pública externa, y que estaba dirigida a apuntalar y darle autoridad al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su ardua negociación con los holdouts, un capítulo que felizmente se cerraría con una victoria para el Gobierno de Fernández.

La última sesión antes de la cuarentena en el país tuvo lugar el 12 de marzo en el Senado, que convirtió en ley el proyecto del Poder Ejecutivo que acotó las jubilaciones de privilegio de jueces y personal del servicio exterior de la Nación.

En agosto, fue ley la iniciativa, también impulsada por la cartera de Economía, para la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública, en este caso para la reestructuración de títulos emitidos bajo legislación local.

A su vez, Diputados aprobó la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, y otra iniciativa sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina.

En la segunda quincena, el Senado convirtió en ley una ampliación presupuestaria por 1.859.583 millones de pesos, equivalente al 6,5% del PBI, a fin de ampliar la cobertura de gastos provocados por el coronavirus.

Ese día también se le dio sanción definitiva en la Cámara alta a una moratoria ampliada para que personas jurídicas y humanas pudieran regularizar sus deudas impositivas, aduaneras y previsionales, aumentando así la base de contribuyentes.

La polémica se coló en el debate ya que Juntos por el Cambio denunció al oficialismo por incluir un artículo que funcionaba, según alertaron, como una "amnistía" al empresario Cristóbal López, que con ese remiendo encontraba una hendija para blanquear las irregularidades de Oil Combustibles, una compañía en quiebra.

A mediados de septiembre, el Senado convirtió en ley otra iniciativa vinculada a Malvinas: el endurecimiento de las penas a la pesca ilegal en el Mar Argentino.

El 8 de octubre, después de mucha espera, vio luz en Diputados la nueva ley de Economía del Conocimiento, iniciativa que había sido girada por el Poder Ejecutivo al Congreso en febrero pasado.

A fin de ese mes, se sancionó definitivamente en el Senado la Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS, con el objetivo de blindar esos activos frente al pago de la Reparación Histórica y refinanciar deudas de las provincias con el organismo.

El proyecto de Presupuesto 2021 fue ley recién el 17 de agosto, cuando volvió en revisión a Diputados tras advertirse imprecisiones en las planillas anexas sobre obras.

Unos días antes de la sanción definitiva de la "ley de leyes", el 12 de noviembre, se aprobó otra de las iniciativas que el Gobierno había remitido al Congreso: la iniciativa de Capitales Alternas.

El 10 de diciembre, mientras toda la atención se depositaba en lo que ocurría en Diputados con la ley de legalización del aborto, el oficialismo logró convertir en ley la quita de recursos coparticipables que percibía la Ciudad de Buenos Aires en concepto de gastos en seguridad en compensación por el traspaso de la Policía Federal al distrito porteño.

El 29 de diciembre, Diputados consagró la nueva ley de movilidad jubilatoria, que recuperó la fórmula que había estado vigente entre 2008 y 2017: hubo tensión con Juntos por el Cambio, que denunciaron un "ajuste a escondidas" de los jubilados.

La última gran gesta del Gobierno fue la sanción definitiva en el Senado de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el propio presidente había prometido en campaña y anunciado en la Asamblea Legislativa. Fue en la madrugada del 30 de diciembre, bajo una marea verde de mujeres celebrando en las calles aledañas a un Congreso vallado.

Los proyectos pendientes

Hay varios proyectos que el Gobierno quiso aprobar durante el 2020 pero que por distintos motivos fueron postergados y ahora tienen la chance de votarse en el verano, en sesiones extraordinarias. En el primer renglón de relevancia pública aparece la anunciada Reforma Judicial, aprobada el 28 de agosto en el Senado y cajoneada desde entonces en Diputados. La iniciativa podría recobrar vida en febrero.

En agenda para el muy corto plazo se menciona el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que servirá al Gobierno de apoyo para las negociaciones con el FMI. Otro proyecto que envió el Poder Ejecutivo, y que tendría luz verde en la próxima sesión que organice Diputados es el que crea un régimen de promoción de inversiones en la construcción de obras privadas nuevas, al igual que una iniciativa para la promoción del Crédito Hipotecario.