Por Luis Beldi*

Alberto Fernández poco a poco se va convirtiendo en el Caballo de Troya del kirchnerismo. Le dejaron como campo propio el manejo de la economía, pero lo van limitando para que su popularidad no aumente.

Por caso, ya le arrebataron las cajas que dan popularidad, la de los subsidios. El ANSeS es ahora territorio del kirchnerismo. Está dirigido por María Fernanda Raverta, ex ministra de Desarrollo de Axel Kicillof. Ella tendrá a su cargo pagar distinto subsidios, jubilaciones y pensiones a 18 millones de personas. Al Gobierno no le quedaron áreas de control absoluto. Martín Guzmán, el ministro de Economía, mientras negocia la deuda y debe irradiar fe al mundo, se enfrenta a proyectos de ley que espantan a los empresarios como el que propone que deben ceder parte de sus acciones si recibieron ayuda del Estado o el impuesto "por única vez" a las grandes riquezas.

No es casualidad que estos proyectos hayan nacido de Máximo Kirchner y de la economista Fernanda Vallejos, la misma que en 2017 durante la campaña para renovar legisladores dijo que Amado Boudou era un perseguido político como lo fueron Irigoyen, Perón y Evita.

La Justicia ya está rodeada. Los jueces que favorecieron a los funcionarios acusados de corrupción, están salvando del juicio político, mientras el ultra kirchnerista subsecretario de Seguridad encara dos roles claves: es el encargado de los arrepentidos que denunciaron los delitos cometidos por los funcionarios kirchneristas y de la negociación de la libertad de los presos federales por el temor al COVID-19.

Además, el sistema informático para poder juzgar a Cristina Fernández y otros funcionarios no parece ser el adecuado y se prolonga la fecha de inicio de los jueces orales. Todo esto sin contar que la Oficina Anticorrupción está renunciando a su rol de querellante contra todas las causas de la vicepresidente. Pero ahora, además, en esta campaña del "vamos por todo" están tras el control de las cárceles federales donde están alojados los ex funcionarios acusados de corrupción del kirchnerismo.

Los motines que se iniciaron gracias al poder de comunicación entre penales que dieron los celulares que hizo repartir el juez de Casación de la provincia de Buenos Aires Víctor Violini, kirchnerista públicamente asumido.

Lo acompañaron en la misión los integrantes de la Comisión provincial de la Memoria manejada por el ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, el periodista Horacio Verbitsky y el rector de la universidad de Madres de Plaza de Mayo, Rodrigo Codino, que presentaron miles de Habeas Corpus que provocaron cacerolazos y una baja en la imagen de Alberto Fernández.

El plan es ir limando la popularidad del presidente que está en niveles que preocupan a la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner. Esta primera parte del plan dio resultado.

En un día liberaron más presos que en todo 2018. Se calcula que a solo 1.100 detenidos les correspondía el beneficio de la prisión domiciliaria y lo consiguieron más de 2.000 entre los que hay femicidas, violadores y pedófilos.

Por supuesto, se sospechas que hubo mucho dinero en el medio para conseguir liberaciones. Solo en una provincia salieron de los penales, 165 narcos menores.

Pero las cárceles provinciales son un objetivo secundario. El centro de la rebelión es Devoto, específicamente, el Centro Universitario (CUD) que aprovechó una reyerta de los pabellones 10 y 11 del penal el 23 de abril. Peleaban por el territorio y por el poder.

Los jefes del CUD aprovecharon la reyerta para amotinar a la población al día siguiente y consiguieron que la alzada tenga carácter nacional porque en lugar de ser reprimido el alzamiento, el Gobierno mandó al secretario de Justicia, Juan Martín Mena, a unirse a los negociadores con lo que le dio jerarquía nacional al alzamiento y puso a Devoto como emblema de todas las cárceles del país.

No hubo lugar para la represión como corresponde cuando hay un motín. Pero al jefe del Servicio Penitenciario Federal, Emiliano Blanco, candidato a ocupar el puesto de subsecretario de Asuntos Penitenciarios, intención que se frustra por la oposición del kirchnerismo, lo rodearon figuras que no debían estar en el lugar como Claudia Cesaroni que, en Quilmes, distrito ultra K, ejercía el cargo de directora de Prevención del Delito, estaba presente en el lugar como abogada de los sublevados.

El manual del penitenciario tiene entre sus premisas no negociar bajo presión porque si lo presos conquistan algo con ese método, lo seguirán repitiendo y cada vez con más intensidad. Ese manual hubo que quemarlo. Los presos ahora tienen más poder y en este fin de semana redondearon su más grande conquista. En la segunda reunión después del motín se reunieron los 22 delegados de los presos representando a los pabellones con el secretario de Justicia, Mena, representantes de los derechos humanos, jueces de Exclusión, Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la Procuración Nacional y las autoridades del Servicio Penitenciario Federal.

Mena, insólitamente, les pidió a los penitenciarios que se retiraran de la negociación. En otras palabras, los dejó sin poder frente a los presos, una humillación que pueden pagar en el futuro con sus vidas. El representante del Gobierno parecía el protector de los criminales y el enemigo de los ciudadanos.

El método de Víctor Ortel, el ex jefe penitenciario que introdujo a Vatayón Militante y a la murga "Negros de Mierda" en las cárceles y que imaginó la creación de un ejército popular con los presos, vino a la memoria de los guardias.

Mena les dijo a los presos que presentó un proyecto para reformar las cárceles y que se está investigando al Servicio Penitenciario Federal. Música para los oídos del preso que ya imaginaban el día siguiente provocando a los guardias y pinchándolos con facas.

Los presos les hablaron de sus dramas. La intención era mostrar un panorama donde se pudiera lograr la liberación de la mayor cantidad de presos en todo el país. Devoto tiene 14 presos y 47 guardias afectados por el Corona Virus.

Los reos pidieron que se cumplan las acordadas de la Cámara de Casación para descomprimir el hacinamiento que hay en los penales. En este pedido, la gravedad del delito queda en segundo plano y solo vale si el preso está en situación vulnerable frente a la pandemia. No hay forma de controlarlos en su prisión domiciliaria, por la sencilla razón de que no hay más tobilleras. Volvió la época del vamos por todo. Las Justicia primero y ahora las cárceles son la cabeza de playa del desembarco. A su tiempo le tocará a Economía y al resto de los ministerios y Alberto Fernández quedará en soledad para cumplir las órdenes que bajen del Instituto Patria.

Puede ser que así entienda el presidente que se lo utilizó para una elección que Cristina Fernández de Kirchner no podía ganar en ese momento. Ahora llegó la hora de hacerse cargo del poder y para eso hay que hacerle perder poder y prestigio al primer mandatario.

La coalición tiene un futuro incierto porque reinaran los más ortodoxos del kirchnerismo, no los del peronismo.

(*) - Periodista y columnista de radio Rivadavia.