Intendentes del conurbano intensificaron en los últimos días los operativos de fiscalización de precios en sus territorios, donde hubo clausuras de comercios, multas y hasta denuncias falsas.

El decreto 351/2020 firmado por el presidente Alberto Fernández el 8 de abril pasado delegó en los intendentes la misión de poner a raya los precios y obligar a los comerciantes que vendan por encima de los valores máximos publicados a retrotraer a los niveles autorizados al 3 de marzo por la Secretaría de Comercio, en el marco de la crisis por la pandemia de COVID 19.

La medida se tomó luego de que al inicio de la cuarentena obligatoria trascendieran denuncias con sobreprecios por encima del 60% en varios distritos del conurbano, abusos que se empezaron a registrar aprovechando la crisis económica por el avance del coronavirus.

La clausura del local por tres días y las multas son la última instancia, pero antes de llegar a ese tipo de sanción, se produce un apercibimiento y los comerciantes están obligados a corregir con posterior visita de verificación del municipio para reabrir sus puertas.

No en todos los distritos, cuyas autoridades quedaron en la primera línea de la guerra por controlar los precios, la batalla se libra con la misma intensidad, ni en todos ellos se verifica el mismo nivel de acatamiento a los precios máximos.

En Lomas de Zamora, por ejemplo, el municipio liderado por Martín Insaurralde mandó a la calle a 100 agentes a monitorear el cumplimiento de precios.