Por Sebastián Hadida

La media sanción de la Ley de Etiquetado frontal de Alimentos en el Senado hizo sonar las alarmas de la industria alimentacia, que motorizó sus lobbys para intentar que el tratamiento se frene. En efecto, el debate se enrareció al desembarcar en la Cámara de Diputados.

A partir de allí se activó una secuencia confusa de acontecimientos , que levantó suspicacias entre quienes están a favor de la ley. Las autoridades de la Cámara baja le asignaron seis giros de comisión a la iniciativa, lo que muchos tradujeron como un ardid para poner un palo en la rueda al tratamiento legislativo en un 2020 que ya entró en la cuenta regresiva.

Diputadas de la oposición promotoras de la ley como Gisela Scaglia (PRO) y Brenda Austin (UCR) echaban fuego por la boca contra el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y llovieron las críticas en las redes sociales por parte de distintas organizaciones civiles que bregan por una alimentación saludable. En sectores del bloque conducido por Máximo Kirchner tampoco cayó bien el abuso de giros, pero se llamaron a silencio.

Tanto ruido mediático y recriminaciones a mansalva durante el miércoles surtieron efecto porque se revisaron los giros reduciendo a tres las comisiones, con Legislación General como cabecera, y Salud y Defensa del Consumidor acompañando.

"Muchas veces hay modificaciones de giros. Ocurre habitualmente", minimizaron fuentes del oficialismo.

En diálogo con NA, la titular de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), confirmó que convocará a una primera reunión informativa el viernes 13 de noviembre, en lo posible bajo la modalidad de plenario de comisiones, para iniciar el debate.

A fin de contar con los insumos necesarios para legislar en la materia, se convocará al ministro de Salud, Ginés González García, al ministro de Producción, Matías Kulfas (o en su defecto a la secretaria de comercio interior, Paula Español), a algún funcionario del Ministerio de Agricultura y quizás también de Cancillería.

Todavía no está cerrado, pero la idea sería destinar un primer bloque a las exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, y un segundo bloque a representantes de distintos colectivos a favor y en contra de la iniciativa.

Los plazos de acortan ya que el 20 de noviembre es el "deadline" para dictaminar iniciativas, por lo que hay serias dudas sobre si se podrá abordar la ley de Etiquetado dentro dentro del período de sesiones ordinarias.

Por otra parte, la industria alimenticia, especialmente el sector azucarero, juega su partido y hará lo que tenga a su alcance para impedir que avance una iniciativa que claramente afecta su negocio al desalentar el consumo de ciertos productos que serían marcados con un sello como riesgosos para la salud.

El proyecto prevé la colocación de sellos negros frontales con forma octogonal en los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, la iniciativa regula la publicidad e incluye la educación nutricional y promoción de alimentación saludable en las escuelas.

En el Senado el proyecto (que tiene como autores a la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti y al radical Julio Cobos) salió casi por unanimidad.

No casualmente los únicos votos en contra fueron de las senadoras tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (Frente de Todos), y la riojana del interbloque Parlamentario Federal Clara Vega: representan a dos provincias donde los intereses del enclave azucarero son muy fuertes.

Entre las voces a favor de la iniciativa, los argumentos que se repiten tienen que ver con que la etiqueta que marca el "exceso" de determinado componente ofrece información directa y clara, que le permite al consumidor tomar una decisión consciente en pocos segundos.

Además, resaltan los beneficios (probados con evidencia científica) en la salud para prevenir desórdenes alimenticios como la obesidad y también enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares, entre otras.

La Federación Interamericana del Corazón (FIC Argentina) viene interviniendo muy fuertemente en la opinión pública, especialmente en las últimas semanas en que el tema se instaló a partir del tratamiento parlamentario.

"Hoy los envases de alimentos no presentan información clara. Es difícil para los consumidores entender la información de la tabla nutricional y encontrar la lista de ingredientes, que suele estar oculta", sostuvo la nutricionista e investigadora en FIC Argentina Leila Guarnieri en declaraciones a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo.

Del otro lado del cuadrilátero, las discrepancias se centran en los efectos económicos negativos para las empresas, especialmente pymes, por los mayores costos que implicará en la fabricación y empaquetado de los alimentos.

También aducen que el sistema de sellos negros de advertencia "estigmatizan" a determinados productos y soslayan los aspectos positivos de esos alimentos.

Argumentan que el consumo de alimentos procesados no es el problema primordial en la dieta de los argentinos, y que el modelo de sellos negros no reemplazan a las campañas educativas y no serían suficiente para modificar conductos y hábitos alimentarios señalados como nocivos para la salud.

En el Senado, el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, había advertido que se trata de una decisión "poco razonable, extrema, en la que se demoniza a los productos".

Además, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) había señalado en esa oportunidad que "no hay una evidencia empírica que demuestre que esos octógonos funcionan y disuaden al comprador".

"Mucha gente compra lo que puede. No se detendrá a ver si tiene más sal o más azúcar. Todos entendemos la preocupación que genera la obesidad, pero la culpa no la tienen los productos envasados", agregaba.

"Se tomó el modelo disuasivo de Chile, que es más parecido a una calavera, a un 'esto está prohibido', y no a una lupa, que es la que se utiliza en Brasil, que resalta la composición de lo que se está comprando", había considerado en su exposición.

El etiquetado frontal de alimentos es obligatorio en Chile desde 2016, en Perú desde 2019 y se sumará Uruguay a partir de febrero próximo.