Por Marcela Campagnoli (*)

Hace tiempo ya, que la ciudadanía viene teniendo una imagen negativa del Poder Judicial. Distintas encuestas realizadas por importantes consultoras ubican a la Justicia en el peor lugar entre las instituciones y organizaciones públicas, detrás de los partidos políticos, del Poder Legislativo y de los gobiernos en general.

Los sondeos efectuados mostraron que su cuestionamiento alcanza a tres de cada cuatro encuestados, y los principales problemas señalados son la intromisión del poder político y la corrupción existente entre sus miembros y en sus decisiones.

Se indicó que los aspectos a mejorar son la honestidad y la idoneidad de los jueces para interpretar y aplicar el derecho en tiempo razonable, fundamentales para la recuperación de su imagen.

Estos tristes comentarios sobre el Poder Judicial llegan en una semana crucial, donde Jueces de todo tipo y región, parecen mirar para otro lado con el tema usurpaciones ilegales. Y cuando la Corte Suprema se expide en un fallo que contradice su criterio anterior, en una acordada firmada por los mismos jueces en 2018. Dejando así a muchos jueces tecleando en el aire, y a la población con la boca abierta.

Urge efectuar reformas estructurales en el Consejo de la Magistratura, cuya finalidad es la designación y remoción de los jueces. A tal fin se debería despolitizar el organismo, tornándose más técnico, autónomo y ágil de manera de poder cubrir la tercera parte de los juzgados hoy vacantes en el Poder Judicial de la Nación, pero también aplicar sanciones cuando corresponda.

Para ello es necesario que la Corte se expida en el expediente que tiene hace cinco años sin tratar y que confirme la inconstitucionalidad de la ley que reformó la composición del Consejo de la Magistratura, en 2006, contrariando el espíritu con el que fue creado, politizando por completo.

Cabe destacar la actividad desplegada por asociaciones de profesionales que impulsaron acciones judiciales tendientes a evitar la designación o el traspaso irregular de fiscales o jueces subrogantes, así como el pedido de una auditoría al Consejo de la Magistratura para considerar la demora y retraso de causas de corrupción en trámite ante la Justicia Federal Penal.

Es de esperar que dicho organismo convierta este procedimiento en un mecanismo de control permanente para poder evaluar la gestión de los magistrados, extendiéndola a otras jurisdicciones y fueros. Eso permitirá tramitar los juicios políticos de los magistrados que no cumplen con su función en tiempo y forma.

Dada la situación actual que atraviesa la Argentina en pandemia, y aún antes de ella, el Poder Judicial debería ajustar su funcionamiento, remuneraciones, exenciones impositivas, licencias y ferias judiciales al régimen laboral ordinario similar al resto de la sociedad. Hoy no se conciben privilegios exorbitantes cuando el servicio de Justicia está en crisis y sus miembros gozan de todo tipo de prerrogativas que no tienen el resto de los argentinos.

También los abogados, como auxiliares de la Justicia, debemos colaborar en la agilidad de los procesos judiciales, y los tribunales de disciplina deben sancionar a los letrados que obstruyen o dilatan los juicios mediante la interposición de defensas o recursos sin fundamentos jurídicos.

Como ya he sostenido en otras oportunidades, criticar la actuación de la Justicia es fácil, lo difícil es involucrarse y trabajar para su mejoramiento, lo que debe ser un compromiso de todas las organizaciones de la sociedad, que entienden en el tema. Pero también, de un pueblo que no se cansa en su reclamo de Basta de Impunidad. Sepamos oírlo.

(*) - Diputada nacional de la Coalición Cívica ARI.