El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el embargo de los bienes de la familia del fallecido fiscal de la causa AMIA Alberto Nisman y de su asesor informático Diego Lagomarsino, a casi seis años de su muerte a causa de un disparo en la cabeza.

La medida fue dictada por el magistrado en diciembre pasado, luego de que la Cámara Federal le ordenara acelerar el curso de la investigación sobre la causa de lavado de dinero que se abrió poco después de que Nisman fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, el 18 de enero de 2015.

Un mes después de la muerte del fiscal, se conoció que tenía una cuenta bancaria no declarada en los Estados Unidos con 600 mil dólares y su ex pareja, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, le acercó a la Justicia la información que dio lugar al inicio de la causa por lavado de dinero.

En ese contexto, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de la totalidad de los bienes muebles e inmuebles de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; la hermana, Sandra Ruth Nisman; y de Lagomarsino, el único procesado como partícipe necesario del presunto homicidio del fiscal, por haber sido quien le entregó el arma de la que salió el disparo mortal.

El magistrado pidió, además, al Cuerpo de Peritos del Poder Judicial un estudio de la situación patrimonial y la evolución económica de los involucrados en la causa por lavado y el entrecruzamiento de los llamados para determinar si hubo comunicaciones entre todos ellos.

La causa por presunto lavado estuvo en un inicio a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral y del fiscal Juan Pedro Zoni, quienes averiguaron que la cuenta en cuestión se encontraba en el banco Merrill Lynch y que fue abierta en 2002 por Sara Garfunkel y Sandra Nisman como titulares.

El junio de 2014 se sumó Lagomarsino como titular, mientras que Nisman figuraba como apoderado.

La cuenta tenía movimientos por más de 600 mil dólares y estaba asociada a la dirección Franklin Roosevelt al 2700, donde se encuentra el domicilio de la madre del fiscal quien, al igual que su hija y el técnico informático, nunca consignaron en sus declaraciones juradas su existencia.