Por Brenda Austin.

La situación educativa en la Argentina es absolutamente crítica. En el mundo, Naciones Unidas está hablando de una "catástrofe generacional" y en el país parece que ni siquiera nos enteramos.

Ya sabemos que, según cifras oficiales, son cerca de un millón los chicos y chicas los que ya dejaron la escuela en todo el territorio nacional, mientras otro factor agrava la crisis: la desigualdad educativa.

Los datos son realmente dolorosos: en varias provincias cuatro de cada diez chicos/as no tienen acceso a Internet, de modo que para ellos no ha habido ninguna continuidad pedagógica.

A la vez, entre quienes han tenido la posibilidad de tener clases virtuales también hay una enorme desigualdad: sólo la mitad de los estudiantes tienen contacto diario con sus docentes.

Estamos ante un escenario inédito que requiere un esfuerzo de coordinación entre la Nación y las provincias para que consideremos a la educación como una actividad esencial y que sean las propias jurisdicciones las que decidan de qué modo empezar a priorizar a los chicos y chicas que están en situaciones críticas. No alcanza con la unificación del ciclo lectivo 2020 y 2021: hay que declarar la emergencia educativa.

Pero, lamentablemente, parece que vamos en sentido contrario: la Nación rechazó el protocolo de la Ciudad de Buenos Aires y se niega a poner en el centro de la escena la apertura, aunque sea parcial, de las instituciones educativas.

Los "abanderados de la igualdad", otra vez, priorizan la grieta y los acuerdos corporativos al verdadero derecho que iguala oportunidades, al tiempo que condenan a los sectores más vulnerables de la Argentina a resignarse a que para ellos no existe la posibilidad de la educación. No puede existir semejante contradicción.

Desde el inicio de la pandemia más de 40 actividades fueron declaradas esenciales en la Argentina, pero nunca se puso la mirada en las escuelas. Y no hay peor defección de la educación pública que correr de la escena a la escuela como actor social.

En este escenario, la decisión de boicotear las propuestas para volver a clases en forma progresiva y focalizada en quienes más lo necesitan hace responsables a los funcionarios nacionales de esta "catástrofe generacional". Parecen ignorar a más del 20 por ciento que no tiene conectividad y está golpeando las puertas para entrar a las aulas y nadie abre.

Queremos declarar la emergencia educativa para que sean las jurisdicciones las que ejerzan su derecho a decidir de qué modo se plantea la reapertura. Y para que el Estado Nacional disponga de recursos para los programas de acompañamiento que hacen falta. Necesitamos buscar soluciones reales.

Para eso, toda la clase política, el Gobierno, el Congreso Nacional, los gobernadores y el jefe de la Ciudad de Buenos Aires tienen que volver a poner a la política educativa como única y verdadera herramienta para generar un puente hacia un mejor futuro.

Necesitamos crear un programa de detección y acompañamiento de alumnos en riesgo de abandono escolar, becas de conectividad y garantizar la accesibilidad digital tanto a estudiantes, como a docentes, a través de instituciones, las escuelas y las Universidades Nacionales.

También se impone establecer un marco protectorio para llevar alivio a la difícil situación por la que atraviesan los jardines maternales y los transportistas escolares, y concretar un plan de infraestructura escolar de urgencia.

Es tiempo de llamar a las cosas por su nombre: la educación es esencial y está en emergencia.

Por Brenda Austin, diputada nacional de la UCR por Córdoba.