La Cámara Civil y Comercial se sumó al rechazo a la reforma judicial
Objetó específicamente la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal que propone la iniciativa.
La Cámara Civil y Comercial Federal dictó hoy una acordada en la que criticó la reforma judicial que presentó la semana la pasada el presidente Alberto Fernández.
El tribunal objetó específicamente la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal que propone la iniciativa.
"La fusión propuesta en el proyecto acarreará, además de los cuestionamientos basados en la garantía del juez natural, dificultades concretas en el funcionamiento de los juzgados y salas, cuyo personal deberá atender, repentinamente, materias que le son ajenas con recursos ya de por sí escasos, todo lo cuál irá en seguro detrimento de los litigantes", sostiene la resolución.
De esta forma, la Cámara Civil y Comercial se sumó al rechazo a la reforma que planteó este miércoles la Cámara del Crimen, que catalogó de "inconstitucional" el proyecto que impulsa el gobierno de Alberto Fernández.
El proyecto establece una reorganización de la Justicia federal en el país y entre esos cambios se cuentan la fusión de los juzgados federales de Comodoro Py con los de Penal Económico y la división de sus dos secretarías para que haya 46 tribunales de primera instancia.
También duplica la cantidad de juzgados en el interior del país y la fusión de Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal.
Los jueces de la Cámara Civil y Comercial señalaron que no fueron consultados para los cambios propuestos y explicaron que ambos fueros funcionan por separado por la diferencia de temas que tratan.
La unificación propuesta en el proyecto implica soslayar la especialidad de cada fuero, ganada durante décadas de funcionamiento autónomo, y poner en manos de jueces que son el producto de tal unificación la decisión de expedientes sobre materias ajenas a su conocimiento específico y su experiencia, y para los cuáles no fueron nombrados", señalaron.
Para los jueces esa situación "habilitará al litigante afectado por la sentencia dictada en su caso a cuestionar el título del magistrado basándose en la garantía del juez natural y en los límites del nombramiento".
"Claramente, nada de esto favorece a los justiciables ya que no contribuye a la seguridad jurídica ni a que ellos reciban respuesta con mayor celeridad y eficacia", agregaron.
La acordada fue firmada por los jueces Guillermo Antelo, Alfredo Gusmán, Fernando Uriarte y Eduardo Gottardi y remitida al Ministerio de Justicia, al Senado -donde se comenzó a discutir el proyecto- a Diputados, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura y a otros organismos judiciales.