El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo hoy que "si la Provincia no acataba la orden judicial" para el desalojo del predio de Guernica, "incurría en desacato", mientras que destacó que el operativo se realizó "de la manera más cuidada posible" en el marco de una situación "muy delicada".

Desde Bahía Blanca, donde anunció inversiones del consorcio del puerto local, el mandatario explicó que "en Guernica hubo primero una denuncia y luego una orden judicial de desalojo que estaba vigente desde hace mucho tiempo", y que "la Policía simplemente actúa como auxiliar de la Justicia para llevar adelante la orden".

En una conferencia de prensa, Kicillof recordó que en el medio su gestión solicitó "prórrogas para hacer varias cosas con el consentimiento del juez y acompañamiento del fiscal que definen qué tipo de respuesta darle a la cuestión".

"Pusimos el máximo empeño para que las familias dejaran el predio, sus problemas son genuinos en medio de una situación muy complicada por la pandemia. Ejecutamos la orden judicial del modo más cuidado posible, teniendo en cuenta lo delicado de la situación", subrayó.

Y enfatizó: "Había militantes de fuerzas políticas sobre los que me reservo de cualquier comentario, simplemente digo que no estaban por un problema habitacional propio sino por una decisión política de estar ahí".

El procedimiento -insistió- "se hizo con todos los cuidados posibles, se llegó con los fiscales, se acordó con el juez y se llevó adelante con las pocas familias que quedaban".

"El desalojo se hizo con todos los cuidados posibles, obviamente es una situación compleja (por la pandemia), creo que algunos nos criticaron por no desalojar el primer día, otros por hacer acuerdos con las familias y otros hoy nos critican por lo contrario", señaló.

Por último, cuestionó el hecho de que "hubo tapas de dos diarios que dijeron una mentira" en relación a que se les iba a "ofrecer $300.000 a cada uno de los que estaban en la toma, con un programa que existe desde 2003 que se renovó en 2007 y en 2009 cuyo monto máximo a distribuir desde ese año era de $30.000 y simplemente se actualizó".

En la misma línea, el ministro de Desarrollo provincial, Andrés Larroque, dijo que el desalojo por la fuerza fue "una situación que siempre se quiso evitar y naturalmente produce dolor".

"De nuestra parte, hicimos todos los esfuerzos para darle otra solución al conflicto. Hubo un sector de las organizaciones que quería que esto terminara así. Nunca tuvieron voluntad de arreglar. En algunos hubo mala fe y en otros casos, torpeza", detalló en declaraciones radiales.

Sobre el operativo, Larroque sostuvo: "Fue muy eficaz. Teníamos conocimiento de que Berni lo había preparado de una manera que evitara riesgos, en materia de lo posible. Hacemos una evaluación positiva, dentro de lo que significa un desalojo. Prácticamente no hay heridos y la mayoría son policías".

Y agregó: "Teníamos como fecha límite el martes. Nosotros habíamos avisado que si lográbamos dar una señal de voluntad, el juez podía estirar los plazos. El fiscal y el juez decidieron avanzar y me corrieron de la interlocución del conflicto".