Por Sebastián Hadida

El reclamo por la vuelta de las sesiones presenciales en el Congreso, el exhorto para que retornen las clases en las escuelas, y el pedido para que los empleados públicos retomen el trabajo en las oficinas son el reflejo fiel de una pulida estrategia con la que Juntos por el Cambio viene presionando para que se levante la cuarentena en todo el país.

Con un timing preciso y coordinado, distintos sectores de Juntos por el Cambio abrieron frentes de reclamo simultáneo con un mismo objetivo: horadar las bases de sustentación social de una cuarentena que ya lleva siete meses de vigencia, que llaman despectivamente "la más larga del mundo", y que tuvo resultados discutibles desde el punto de vista del control y mitigación del virus.

La presión se ejerce fundamentalmente sobre el Gobierno de Alberto Fernández, que en última instancia es el que tiene la sartén por el mango, al tiempo que consideran vital que esa voz "anticuarentena" cale lo más hondo posible en la opinión pública para que tenga un efecto condicionante en la toma de decisiones.

La diputada nacional del PRO Adriana Cáceres es la autora de un proyecto de declaración que insta al Gobierno a que disponga que los empleados públicos del Gobierno nacional, entes descentralizados y empresas públicas, vuelvan a trabajar de manera presencial, a excepción de grupos de riesgo.

"Hay que ubicar el contexto en que pedimos esto. Ya pasaron más de siete meses. Hay muchos rubros del sector privado que empezaron a habilitarse pero nada se dice sobre los servidores públicos, que tienen un rol fundamental. Hay que dar el ejemplo. Si se trabaja de manera escalonada y planificada, deberían estar todos los empleados públicos presencialmente en sus puestos de trabajo", señaló en diálogo con NA.

La legisladora oriunda de Pilar consideró que "el Estado nacional no puede darse el lujo de funcionar a media máquina" con una situación "tan crítica" para la sociedad que "necesita soluciones rápidas y efectivas" en un momento en que los problemas van apilándose unos sobre otros.

"Hay sectores de la sociedad que ni siquiera tienen recursos para hacer trámites por internet", acotó.

En este sentido, señaló que el teletrabajo no garantiza respuestas a la altura de las necesidades, y opinó que para un funcionamiento pleno del Estado se requiere de "reuniones en las oficinas, a partir de una dinámica de equipos con los directivos y empleados" en un mismo ámbito.

"Hay soluciones que no se pueden escribir detrás de los escritorios. El Estado tiene que estar presente para dar respuestas a una sociedad que tiene 41% de pobreza y 3,5 millones de puestos trabajo perdidos en los últimos meses", dijo al respecto.

Cáceres fue todavía más lejos al sostener que la Justicia, otro poder del Estado, también está en deuda a raíz del funcionamiento remoto, con "causas que no pueden avanzar por la limitación del sistema".

"Hablaba con una familia que fue víctima de un delito y lo que me decían es que en la fiscalía no tienen forma de que reciban las pruebas", ejemplificó.

La diputada opositora también puso el foco en el reclamo para la vuelta de clases presenciales que tanta polémica generó en las últimas semanas en la Ciudad de Buenos Aires, con idas y vueltas entre funcionarios porteños y nacionales que no se ponían de acuerdo.

"Nosotros en Juntos por el Cambio tenemos una agenda vinculada a la presencialidad del Estado y estamos generando distintas propuestas para poner estos temas sobre la mesa. El tema de educación en la Ciudad lo lleva el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. La idea es recuperar la conexión con los alumnos. Hay chicos de barrios vulnerables que ni siquiera pueden recibir la tarea escrita", alertó en declaraciones a NA.

Cáceres admitió que en los próximos "los temores van a seguir estando porque el virus seguirá circulando", pero opinó que habrá que transitar este período "no trasmitiendo miedo sino llevando tranquilidad, con respuestas claras y concretas" y respetando protocolos sanitarios.

"Para esto hay que entender que nuestro país tiene que transitar hacia una nueva normalidad que va a ser la de convivir con este virus y que va a ser con tapabocas, barbijos, gel, jabón y distanciamiento social. Hay que hacer mucho hincapié en eso", finalizó.

La iniciativa de Cáceres para la vuelta de la presencialidad laboral en la administración pública va en plena sintonía con las expresiones que el lunes manifestaron en conjunto los principales referentes de Juntos por el Cambio que calificaron como un "fracaso" la política sanitaria de Alberto Fernández, y reclamaron al Gobierno un protocolo de circulación en todo el país para poder moverse libremente entre las provincias.

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, recordó que "Alberto Fernández había dicho que entre la economía y la salud, prefería un 5% más de pobres antes que 100 mil muertos, pero hoy resulta que tenemos malos indicadores económicos y sanitarios, con lo cual los números hablan mejor que nadie".

El radical dijo que el aislamiento obligatorio en los primeros dos meses fue "auspicioso" porque había que preparar el sistema de salud con un virus "agazapado", pero opinó que "no se puede justificar siete meses de cuarentena".

En la misma línea, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, señaló que "la cuarentena tiene un sentido en el tiempo, pero cuando se extiende comienza a tener efectos negativos en todos los terrenos" porque "lo único que hace es correr el arco" sin "solucionar el problema".

Por su parte, el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, consideró que "los argentinos debemos aprender a convivir con el virus, cuidándonos y cuidando al resto", basándose en "la responsabilidad individual y colectiva".

El reclamo de Juntos por el Cambio para la vuelta de las sesiones presenciales en ambas cámaras del Congreso se encuadra dentro de la misma estrategia "anticuarentena".

Si bien hay matices y no todos piensan igual sobre cómo podría instrumentarse el regreso a la dinámica presencial, hay una línea argumental común que sostiene que los legisladores son trabajadores esenciales que cumplen una responsabilidad primordial en la sociedad como es la elaboración de leyes.