Un femicidio cada 29 horas es el dato que arroja la última actualización del Registro Nacional de Femicidios realizado por Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), informe realizado a través del análisis y monitoreo de medios digitales y gráficos de todo el país, y que abarca el período desde el 1 de enero al 30 de junio del corriente.

Durante los primeros seis meses del año se cometieron 143 femicidios, de los cuales 80 se produjeron en el contexto de la pandemia de Covid-19.

De este número se desprende que 128 son femicidios directos (sólo mujeres).

A su vez hubo siete femicidios vinculados de niñas y mujeres y seis femicidios vinculados de niños de y varones, lo cual se produce cuando el hijo o hija se interpone entre el violento y su madre o porque el violento mata al hijo o hija para causarle daño a la madre.

María Victoria Aguirre, abogada y coordinadora de MuMaLá CABA explica: "Un dato alarmante es que hubo 135 intentos de femicidios en todo el país, de los cuales 82 fueron durante la pandemia y pueden transformarse en femicidios en el contexto del aislamiento", Aguirre.

"Nosotras venimos hace cinco años reclamando la emergencia Ni Una Menos y el año pasado en marzo presentamos un proyecto de ley que sigue teniendo estado parlamentario, está vigente, el cual tiene 15 puntos de políticas públicas donde el foco principal lo hacemos en la atención interdisciplinaria al momento de efectuar la denuncia. Porque ese es el problema que hoy tenemos. No tenemos un abordaje de esas denuncias de forma correcta", sostiene Aguirre.

"La persona que va a denunciar violencia, sea por el canal que sea, no cuenta con un respaldo por parte del Estado. Y el respaldo principal es el acceso a un refugio o a una posibilidad de salir del hogar que está compartiendo en este momento con su violentador".

Aguirre sostiene que los refugios en contexto de pandemia quedaron colapsados por toda la gente que vive en la calle y que hoy están en refugios. También explia que los Centros Integrales de la Mujer (CIM) que están en la Ciudad de Buenos Aires están dando turnos de acá a una semana, 10 días, es decir, con mucha demora.

Según Aguirre, hay una falta de sensibilidad: "El que te toma la denuncia no te pregunta si vivís sola, si tenés posibilidades de irte de ese lugar, hace cuánto que ocurre. Toma la denuncia como si fuera cualquier tipo de delito y la violencia de género no es cualquier delito. Es un problema que no es que ocurre una vez. No sabes cuándo ni cómo termina. Si vos estás sintiendo que tu vida está en riesgo tenés que agarrar tus cosas y irte".

En el proyecto que presentaron hay 15 estrategias posibles, pero "el punto principal es un presupuesto que se ejecute, ya que las políticas están pensadas pero no se están llevando adelante", dice.

"Le hemos mandado dos cartas al presidente y a la ministra pero no hemos tenido respuesta. La última carta la enviamos los primeros días de abril. En la plataforma Change.org seguimos juntando firmas para la declaración de la emergencia", afirma Aguirre.

En todo este período 177 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre y sobre este tema Aguirre sostiene que la Ley Brisa de asistencia económica a los hijos de las víctimas es muy burocrática en su aplicación ya que desde que se sancionó se han otorgado muy pocos beneficios.

Al mismo tiempo el informe registró dos casos de trans/travesticidios.

Sobre este punto Aguirre explica: "Este año le hemos sumado la emergencia LGBTIQ+ porque en este contexto de pandemia la situación de las colectivas travesti/trans es mucho más gravosa. No tienen donde hacer el aislamiento porque no tienen casa y tienen problemas de alimentación incluso porque el único nicho de trabajo que tienen es la prostitución y no la pueden ejercer".

"Son personas cuya única herramienta es poner el cuerpo y la exposición es mucho más extrema. Por eso venimos peleando por el cupo trans, porque no se les abren las puertas para conseguir otra cosa. De hecho es una verguenza que tengamos que hablar de cupos porque son personas, pero lamentablemente tenemos que pedir un cupo mínimo para poder garantizar el acceso a esas personas", considera Aguirre.

Por último el informe sostiene que hay otros 18 casos están en proceso de investigación (esperando autopsia y peritajes), que son muertes de mujeres de las cuales todavía no están terminadas las pericias o hay dudas para saber si es o no femicidio.