A cinco años de su detención en Jujuy, funcionarios y dirigentes políticos y sociales kirchneristas reclamaron a través de una carta la "libertad" de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, a quien consideran víctima de "persecución política, judicial y mediática".

En una carta titulada "Por una democracia sin presas y presos políticos", que hasta el momento reunió más de un centenar de firmas, hacen responsables como "autores política, intelectual y judicial" de la situación de Sala al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al Tribunal Superior de Justicia de esa provincia.

"Para quienes suscribimos esta carta, la libertad de Milagro es urgente", comienza la misiva que lleva las firmas, entre otros, del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, de los diputados nacionales Eduardo Valdés, Mónica Macha, Lucía Corpacci y Paula Penacca; de las senadores nacionales Nancy González y Beatriz Mirkin; y del líder del MTE y del Frente Patria Grande, Juan Grabois.

"5 años de injusticia. 5 años de arbitrariedad. Este 16 de enero se cumplen 5 años de la detención arbitraria de Milagro Sala. Desde entonces hasta hoy continúa detenida, en el último tiempo con prisión domiciliaria, al igual que otros compañeros y compañeras de su organización", resalta el texto.

En el escrito, los funcionarios y dirigentes del Frente de Todos destacan que en su accionar la líder de la Tupac Amaru "dio prioridad y protagonismo a las personas más excluidas, indígenas, desocupados y desocupadas, jóvenes, como sujetos de derechos y de transformación social", y sostienen que Sala "está presa en Jujuy por ser una dirigente política que enfrentó al poder" y por ser "mujer, negra y luchadora".

A su vez, consideran que la "persecución" a la cual son sometidos ella y otros miembros de la Tupac Amaru tiene como objetivo "diezmar la organización popular que logró quebrar el monopolio en la obra pública de vivienda" y poner "en jaque al sistema político y económico jujeño al denunciar pactos mafiosos con la última dictadura cívico militar".

"A través de esta carta y de las actividades que se realizarán en distintos lugares del país para denunciar esta injusticia, nos proponemos: dar a conocer el proceso ilegítimo de detención y persecución de la organización que Milagro lidera, denunciar ante la Justicia la vulneración a los derechos humanos y civiles, exigir el justo proceso y la libertad de Milagro y las compañeras detenidas, y abrazar de solidaridad a quienes durante todos estos años fueron criminalizados por su compromiso con el pueblo pobre", destacan los firmantes.

Según afirman en la carta, Morales logró "eliminar formas de organizacioan colectivas reivindicativas de derechos de sectores humildes, derivado de la desarticulacioan de la Tupac Amaru", pero "no logró quebrar moral y políticamente a Milagro".

Sala fue enjuiciada por "asociacioan iliacita, fraude en perjuicio de la administracioan puablica y extorsioan" en distintos hechos que tuvieron lugar en Jujuy hasta 2015.

"Sin embargo, Milagro nunca conoció de qué se la acusaba. El auto de requerimiento de juicio no contiene indicacioan de fechas, ni modos de comisioan de los delitos que le imputaban. Milagro llegoa a juicio sin conocer concretamente porquea estaba sentada frente a un tribunal", denunciaron.

En esta línea, advirtieron que "la falta de claridad y sorpresa constante sobre los hechos de la acusacioan contra Milagro fue continua y no fue despejada en las instancias superiores de revisioan".

Y agregaron que "tampoco le permitieron incorporar pruebas periciales, documentales y testimoniales de descargo".

"Para quienes suscribimos esta carta, personas dedicadas a la función pública en los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales nacionales y provinciales, referentes políticos, dirigentes sociales y sindicales, profesionales y personas comprometidas con los derechos humanos y la democracia, la libertad de Milagro es urgente", agregaron.

Entre los firmantes también se encuentran la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño; la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios Ministerio de Justicia, María Laura Garrigós; las asesoras presidenciales Dora Barrancos y Adriana Puiggrós; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español; la titular del Sedronar, Gabriela Torres; la directora del Banco Provincia, Juliana di Tulio; la ex procuradora Alejandra Gils Carbo; y el padre Francisco "Paco" Olveira, del movimiento de curas en Opción por los Pobres.