Funcionarios del Ministerio de Seguridad señalaron hoy ante el Senado que el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires en 2016 no contó con un informe técnico, al defender el proyecto del Gobierno que ratifica ese proceso a la vez que baja nuevamente la coparticipación del distrito porteño.

Las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta realizaron la segunda jornada de debate sobre la iniciativa que abrió un conflicto entre el Gobierno nacional y la Ciudad, con la participación de funcionarios y constitucionalistas.

Durante el debate hubo contrapuntos entre los funcionarios del Gobierno y los senadores por la Ciudad, quienes remarcaron que los fondos que el proyecto propone transferir al distrito porteño (24.500 millones de pesos) "subestiman" los gastos requeridos para la seguridad.

La subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, subrayó que cuando la gestión del ex presidente Mauricio Macri le transfirió a la Ciudad en 2016 las funciones de seguridad -lo que fue luego ratificado por la Legislatura porteña- "no hubo un informe técnico que cuente con los criterios para definir" el monto de la transferencia.

La funcionaria señaló que en ese momento tampoco se definió "cuáles son las estructuras necesarias para garantizar las competencias" y que para la elaboración del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo se utilizó "información respaldatoria" de la Policía Federal.

A su turno, el secretario de Articulación Federal de la Seguridad, Gabriel Fuks, subrayó que "la voluntad del Presidente de la Nación (Alberto Fernández) es ratificar y respetar la autonomía de la Ciudad y no un castigo a los porteños".

De esta manera respondió a algunas de las intervenciones del senador porteño de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, quien sostuvo que "lo que quieren es que no haya suficiente dinero para la seguridad de los seis millones de argentinos que viven, transitan, trabajan, se educan y utilizan los servicios de la Ciudad".

En la misma línea, su compañera de bancada Guadalupe Tagliaferri sostuvo que "la transferencia de la competencia es mucho más que la transferencia del recurso humano" y agregó: "No estamos discutiendo un número".

Fuks destacó que "a pesar de que la Ciudad tiene la cifra de policías que excede largamente la recomendación de Naciones Unidas de 300 efectivos cada 100 mil habitantes, el Estado Nacional sigue prestando, además de las tareas que le corresponde por competencia federal, competencias no federales".

En este sentido puso de relieve que efectivos de fuerzas federales "prestan servicios" en barrios populares de la ciudad de Buenos Aires "fuera de sus facultades" federales "con un total de recursos de 1.800 millones" de pesos.

Y, en línea con La Ruffa, recordó que el expediente del convenio de traspaso de la seguridad a la Ciudad "se inicio el 4 de enero de 2016 a las 18:33, continuó el mismo día sin ningún tipo de informe técnico, y el 5 de enero se fue a votación" de la Legislatura porteña.

"Puedo entender que habían ganado las elecciones, había capacidad política de imponer agenda, ahora están reclamando información que estamos aquí para dar, pero que nadie reclamó cuando en 24 horas se suscribió el expediente sin ningún informe técnico", subrayó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Coordinación, Bienestar, Control y Transparencia Institucional, Daniel Fihman, defendió ese punto al compararlo con gastos de personal, edilicios y de equipamiento y señaló que "ese monto no constituye una estimación teórica".

Además, sostuvo que "la inversión que en su momento no fue valorizada y que es importante que se conozca para verificar la contribución del Estado Nacional en materia de seguridad, sumando todos los ítems, alcanza 26.714 millones de pesos, casi 27 mil".