El Senado debatía esta tarde el proyecto del Gobierno que concluye con el traspaso de las funciones de seguridad a la ciudad de Buenos Aires y recorta al mismo tiempo la coparticipación para el distrito porteño.

El proyecto es sometido a un intenso debate entre el Frente de Todos, que confía en aprobarlo alrededor de las 21:00 y girarlo a Diputados, y Juntos por el Cambio, que rechaza la iniciativa pero se negará a votar, en el marco de su cuestionamiento a la prórroga de las sesiones "virtuales".

El proyecto fija para este año un monto de 24.500 millones de pesos para que la Ciudad asuma las funciones de seguridad que la Nación le traspasó en 2016 bajo la presidencia Mauricio Macri, con lo que la coparticipación del distrito volvería a ser de 1,4% y tendría un recorte adicional al que previamente hizo por decreto el presidente Alberto Fernández.

Al inicio del debate, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun remarcó el argumento central del oficialismo al señalar que en aquella oportunidad que "los recursos que le otorgó Macri a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, con aquel traspaso de funciones "fueron excesivos".

Sacnun subrayó que "nadie pudo justificar de donde salió el coeficiente de 3,7" puntos de coparticipación (que luego se redujo a 3,5 y Fernández recortó al 2,4) "que determinó los fondos que recibió la Ciudad en 2016".

"No se trata ni de odios, ni de revanchismos, se trata de recomponer lo que dice la Constitución Nacional en cuanto a la necesidad de disminuir la brecha que existe entre las distintas provincias, de trabajar con mayor solidaridad e igualdad", agregó la senadora santafesina.

El senador de Juntos por el Cambio por la ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, salió al cruce de ese argumento y afirmó que el proyecto es un "castigo" a "un distrito políticamente esquivo" para el peronismo.

Además, criticó que esa reducción de fondos se da "en un contexto en que cae la recaudación y suben los gastos" y agregó: "El impacto de la pandemia en la Ciudad es de 20% del presupuesto y ahora ustedes le agregan otro tanto, a un distrito que un montón de argentinos de todos lados utilizan".

Por su parte, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) aseguró que los 24.500 millones para las funciones de seguridad que establece el proyecto son "un monto adecuado a la realidad y los valores de esta transferencia", al tiempo que planteó que la Ciudad debería "devolver el excedente" que recibió en 2016.

En tanto, el entrerriano Alfredo de Angeli, señaló: "No vamos a legalizar el arrebato de los fondos a la Ciudad de Buenos Aires. Después van a ir por los de otras provincias".