Por Alejandro Finocchiaro (*)

Desde hace tiempo vengo sosteniendo algo que, lamentablemente, es cada día más evidente: el kirchnerismo tiene un extraño atributo, relata lo bueno como malo y transmite algo perjudicial como un hecho beneficioso.

El doble estándar que nos enferma va haciéndonos perder la capacidad de distinguir algunas dimensiones, como la de la memoria. Algunos protagonistas aparecen, sueltos del cuerpo, sosteniendo posiciones opuestas a otras manifestadas en un pasado reciente.

Me dijeron que en el Reino del Revés / Nadie baila con los pies / Que un ladrón es vigilante y otro es juez / Y que dos y dos son tres.

Empiezo por costados educativos, pero habrá más. En materia de universidades, nuestras casas de estudio están funcionando con lo dispuesto para gastos corrientes fijado para el año 2019.

El Consejo Interuniversitario Nacional, controlado en el período anterior por la orientación que hoy gobierna, consideraba insuficiente aquel presupuesto pero nada dice ahora, pese a que más allá del impacto inflacionario acumulado las universidades afrontaron gastos adicionales como consecuencia de la pandemia.

Tampoco reclaman las organizaciones sindicales afines al oficialismo, luego de haber padecido una situación inédita como fue el no cumplimiento de aumentos acordados el año pasado, y se conforman con un módico 7% para el corriente. En cuanto a educación obligatoria, la supuesta paritaria nacional les proporcionó a los docentes un sustancioso 0%, también aceptado en silencio.

Roberto Baradel, abanderado de CTERA, hace poco días reconocía la importancia de la vinculación de los chicos con la escuela. Así leído, podría parecer una verdad de perogrullo. La paradoja es que lo exprese el dirigente de la organización que promovió cientos y cientos de días de paros en el país y se opuso a toda alternativa de recontactar a los alumnos que la escuela perdió de vista en cuarentena.

La misma escuela que las autoridades nacionales tampoco priorizaron a la hora de buscar formas de sostener, con protocolos adecuados, la necesaria presencialidad. En una administración que no tuvo un abordaje inteligente de la pandemia y se manejó bajo un criterio único -el de los epidemiólogos- verificamos que la apertura de actividades se dio en función de la capacidad de presión de los interesados.

Por eso, el Gobierno entregó antes que a las escuelas respuestas a los organizadores de carreras de caballos, al automovilismo, a los espectáculos artísticos, a las actividades recreativas, turísticas y hasta el fútbol. Esto tendrá un enorme impacto en términos concretos para los chicos y, para una gran cantidad, será irreversible.

En términos simbólicos, mucho dice de la sociedad que conformamos haber resuelto con antelación la continuidad de los casinos frente a la educativa. Los jóvenes podían encontrarse en grupos reducidos en un bar, pero no en el aula.

La crisis que atraviesan los establecimientos educativos de gestión privada, sobre todo los de la provincia de Buenos Aires, no está causada por cuestiones económicas. Las mayores dificultades están concentradas en aquellas que atienden a los sectores socioeconómicos medio y medio-bajo.

Haber impedido el funcionamiento de las secretarías en cuarentena multiplicó la morosidad e hizo caer de forma abrupta las inscripciones. Esto podría resolverse con la asistencia extraordinaria que tuvo media sanción en el Senado bonaerense, pero no consiguió tratamiento en Diputados.

Los montos que comprometía esta ayuda representan solo el 20% de los fondos que maneja la Dirección de Educación de Gestión Privada al mes, y menos del 1% del presupuesto del Ministerio de Educación provincial.

Algunas de las cámaras que los agrupan han solicitado, hasta ahora sin eco en el Gobierno, incluir esta rama de la educación formal en programas como Ahora 12, que les permitirían cobrar lo adeudado y a las familias financiar sus obligaciones.

Sí forman parte de estos planes de cuotas las ofertas de educación no formal, como las academias de oficios, además de un sinnúmero de productos y servicios pero, curiosamente, no hay nada para los niveles inicial, primario y secundario.

En otro orden de cosas, seguramente varios de los que vieron con beneplácito en diciembre de 2017 la resistencia, con 14 toneladas de piedras contra el Congreso incluidas, a la ley que modificaba la actualización de los haberes jubilatorios nada dicen ahora, cuando la suspensión de esa fórmula automática resta 72 mil millones de pesos de los bolsillos de la clase pasiva.

Las noticias que dominaron los sumarios de este jueves fueron el desalojo de un predio usurpado en Guernica y la devolución de un campo de los Etchevehere a sus legítimos dueños, tras la ocupación por partidarios del activista Juan Grabois.

En realidad, son hechos que corresponden a un país normal.

¿Por qué fueron novedosos para nosotros? Por la ambigüedad y el impulso de las autoridades que permitieron que se pusiera en duda el derecho de propiedad con 167 años de Constitución a cuestas.

Un día antes, lo destacado había sido el dinero ofrecido a los protagonistas de la toma, 300 mil pesos en seis meses. Algo que lejos de solucionar la problemática parece estimular a los que violan las normas o lucran ilegalmente con la crisis habitacional.

Esa cifra bien les vendría a muchos comerciantes de la Provincia, a los cuales se les prohibió trabajar pero nadie eximió de tasas impositivas ni, mucho menos, se los asistió para pagar alquileres, salarios y cargas sociales.

Ya el inicio de la cuarentena había planteado el contraste más flagrante. Miles de presos peligrosos recuperaron su libertad -quedará para otro análisis evaluar cuánto tuvo que ver esta medida con el aumento de la inseguridad- mientras los ciudadanos honestos debían quedarse confinados en los hogares.

Me dijeron que en el Reino del Revés / Cabe un oso en una nuez / Que usan barbas y bigotes los bebés / Y que un año dura un mes

El ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dan distintas versiones sobre la obligatoriedad de registrarse en la App oficial del Gobierno para viajar en verano, pero ellos no deben preocuparse.

Sí los periodistas que ahora van a estar monitoreados por Nodio, el Ministerio de la Verdad que busca instalar Miriam Lewin desde la Defensoría del Público, para detectar y desarticular supuestas noticias falsas, sentando un gravísimo precedente sobre la libertad de expresión.

Derecho que también se pone en duda en la causa que involucra a Daniel Santoro, procesado por el juez Ramos Padilla, quien lo asocia a los cargos de una sus fuentes, desconociendo las características básicas de su trabajo de periodista.

No es raro entonces, al tiempo que nos toca asimilar toda esta información, que los argentinos valoremos las expresiones del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Sinceramente, sin restar mérito al mandatario del país hermano, lo que destacamos de ellas es que se trata de declaraciones producto del más puro sentido común.

El problema radica en que para encontrar sentido común tengamos que cruzar el río.

(*) Ex ministro de Educación de la Nación.