En un proyecto de apenas once artículos, el Poder Ejecutivo declara de interés público la expropiación de la empresa Vicentín.

Como el Estado Nacional es su principal acreedor, propone hacerlo a cambio de la deuda que la misma mantiene con el Banco Nación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El precio, como ocurre en estos casos, será establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Si la tasación fuera mayor a su deuda, el Ministerio de Economía queda habilitado a tomar deuda para abonar el valor de la expropiación.

Además se crea el Fondo Fiduciario Agro Argentina, a través de YPF AGRO S.A..

Una vez terminado el proceso de expropiación, "la totalidad de los bienes" pasarán a integrar ese fondo fiduciario.

Por otra parte, el proyecto garantiza la "continuidad de las actividades" de la empresa, así como "el mantenimiento de sus fuentes laborales". Tras ser presentado hoy mismo, el proyecto comenzará el camino legislativo para ver si se convierte en ley o termina rechazado.