Por Pablo Sieira

El oficialismo le dio otro empujón en el Senado al proyecto del Gobierno que ratifica el traspaso de las funciones de policía y baja otro punto en esos recursos para el distrito porteño con la firma del dictamen para llevarlo a votación en el recinto la semana próxima. En ese contexto, quiere solucionar el conflicto con la oposición por las sesiones virtuales que complica el escenario, aunque la tarea parece difícil.

Juntos por el Cambio objetó ante la Justicia la aprobación del decreto de la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, para renovar el protocolo de sesiones remotas y amenazó con desconocer todo lo actuado por el Senado en adelante. El Frente de Todos vinculó esa maniobra con un presunto intento de bloquear el debate precisamente del proyecto que baja la coparticipación para el distrito de Horacio Rodríguez Larreta al nivel previo a 2016.

Si bien para el oficialismo el protocolo de sesiones virtuales "es válido" y la oposición no puede acusar ilegitimidad de las reuniones de comisión y las sesiones, como lo remarcó este jueves el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, la advertencia de la oposición encendió una luz de alerta en el tablero oficialista.

Tanto es así que el día anterior Mayans indicó: "Estamos abiertos al diálogo y la presidenta de la Cámara (Cristina Kirchner) también". En este sentido, dijo que está "conversando" sobre el tema con su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

Cerca de Naidenoff confirmaron a NA que el senador viajó a Buenos Aires y que podría mantener la semana próxima alguna reunión con el oficialismo por el tema de las sesiones virtuales. Otras fuentes del interbloque opositor ratificaron que hay conversaciones para tratar de destrabar el conflicto pero "nada concreto" por el momento.

La oposición plantea en líneas generales que el protocolo se fije con un acuerdo entre todas las bancas y sea similar al de Diputados, que combina la participación de forma remota con la presencia de algunos legisladores en el recinto. En el caso del Senado, hasta el momento, solo pueden ir a sus bancas quienes son autoridades de la Cámara, como Martín Lousteau, Laura Rodríguez Machado y el oficialista Maurice Closs.

Sin embargo, en el Frente de Todos rechazan las sesiones presenciales mientras dure la pandemia de Covid-19. Closs subrayó que cada vez que volvió desde Buenos Aires a Misiones tuvo que hacerse hisopados, mientras que el cordobés Carlos Caserio puso de ejemplo la cadena de contagios que se dio en la Cámara de Diputados.

Pese a contar con mayoría propia en el Senado, el planteo judicial de la oposición, junto a la amenaza de desconocer la legitimidad de las sesiones bajo el nuevo protocolo, abrió un escenario más complejo para el Frente de Todos, que intentará evitar cualquier posible revés de cara al debate sobre el proyecto que toca la coparticipación de la Ciudad.

Otra señal de esas gestiones la dio kirchnerista Anabel Fernández Sagasti al pedirle a la oposición "resolver esto en la casa", en lugar de ir a los tribunales.

La negociación es, sin embargo, muy difícil. Y es que el planteo de Juntos por el Cambio contra la última renovación del protocolo para las sesiones contiene, además, una queja por la conducción que hace Cristina Kirchner del Senado.

De todos modos, el oficialismo se aseguró el dictamen en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda para que el proyecto quede listo para ser votado.

Durante la última reunión del plenario de comisiones, senadores de la criticaron la firma del dictamen, entre ellos la porteña Guadalupe Tagliaferri, quien remarcó: "Nos quieren llevar de nuevo de prepo, con un proyecto en el que no hay acuerdo, ni consenso. Es mentira que quieren diálogo".

En el cierre del debate de comisiones, la presidenta de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, disparó que "lo único que hace la oposición es poner palos en la rueda" y agregó: "La idea es decir que nosotros no queremos escuchar y es un argumento que tienen armado antes de que nosotros hagamos lo que hagamos".

"Hoy no estamos discutiendo coparticipación, sino la transferencia de funciones de seguridad a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuántos recursos se tienen que enviar para cumplir", remarcó la senadora oficialista de Santa Fe, al tiempo que subrayó que el acuerdo entre Macri y Rodríguez Larreta en 2016 "no pasó por el Congreso" y "nunca mostraron un solo número" que justificara la suba de la coparticipación en relación al traspaso de la seguridad.

El proyecto es criticado por el Gobierno porteño. En la última jornada de debate de las comisiones del Senado, el ministro de Hacienda de la Ciudad, Martín Mura, afirmó que la baja en la coparticipación "genera un daño enorme" y justificó la suba en la coparticipación del 1,4% al 3,7% que dispuso en 2016 el ex presidente Mauricio Macri, al transferir la competencia en seguridad al distrito porteño.

Mura indicó que "el costo en 2015 de las competencias y funciones" de seguridad que la Nación le traspasó a la Ciudad "era de 13.070 millones" de pesos mientras que la coparticipación recibida ese año fue de "7.803 millones de pesos" y agregó: "Si uno compara ambos números, los 13.070 millones son el 2,35% incremental que había que asignarle a la ciudad de Buenos Aires para afrontar los servicios que se traspasaban. Así de sencilla es la cuenta".

En una reunión anterior, los funcionarios del ministerio de Seguridad de la Nación defendieran la iniciativa que fija un monto de 24.500 millones de pesos -actualizable en lo sucesivo- para que la Ciudad se haga cargo de las funciones y competencias de seguridad que la Nación le traspasó en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri.

La subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa, Silvia La Ruffa, señaló que cuando se hizo esa transferencia que llevó a la suba de la coparticipación para la Ciudad "no hubo un informe técnico que cuente con los criterios para definir" el monto.

Las posturas del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio sobre la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Senado son irreconciliables, por lo que la clave para el futuro de las sesiones estará en si hay o no algún acuerdo en torno a la modalidad para las sesiones.