Por Pablo Sieira

Menos de una semana después de su aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley para establecer un Aporte Solidario Extraordinario para las grandes fortunas avanzó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado. Con su mayoría, los senadores del Frente de Todos dejaron la iniciativa lista para ser votada y convertida en ley.

Para llegar al recinto del Senado deben transcurrir siete días desde la firma del dictamen, por lo que el proyecto -que propone un aporte por única vez para los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos y apunta a recaudar unos 300 mil millones- sería sometido a votación en la eventual prórroga de las sesiones ordinarias que finalizan el 30 de noviembre o convocatoria a extraordinarias.

Durante la reunión por videoconferencia de la Comisión de Presupuesto, los senadores escucharon en primer lugar a la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien defendió la iniciativa y subrayó que "los recursos que se obtengan de este aporte van a ser aplicados" a la atención de problemas sociales y económicos vinculados con la pandemia de Covid-19.

Uno de los puntos salientes de su exposición fue la nueva previsión sobre los contribuyentes que serían alcanzados por la medida. Ese número "ascendería a 11.855 personas" según indicó la funcionaria, quien admitió: "Es más de lo que habíamos estimado meses atrás, pero está muy en línea con lo que había sido en la discusión original".

Frente a las críticas que recibe el proyecto por parte del sector empresarial y de la oposición, la titular del ente recaudador remarcó que se "grava a los empresarios y no a las empresas" y remarcó: "No se está grabando capital de trabajo de las empresas y no es cierto que los productores rurales van a tener que vender sus campos".

Sobre este último punto, señaló que de acuerdo a "los datos sobre lo que declaran los contribuyentes, solamente el 17% declara que tiene inmuebles rurales y solo el 2,4 % estaría afectado a este aporte".

Además, la directora de la AFIP rechazó las objeciones sobre una "doble imposición" entre este tributo y el Impuesto a los Bienes Personales, al afirmar que "solamente el 55% de lo que hoy está en discusión con este aporte extraordinario está en Bienes Personales".

Por otra parte, Marcó del Pont sostuvo que "cuando se critica este aporte como que tiene un sesgo anti inversión" se debe "entender el esfuerzo fiscal que se está haciendo con la moratoria que incluye a personas físicas, pequeñas y medianas empresas".

El presidente de la Comisión de Presupuesto, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos), despidió a la directora de la AFIP sin abrir una ronda de preguntas por parte de los senadores, lo cual fue señalado por la neuquina Lucila Crexell (Interbloque Federal), aunque no fue motivo de conflicto. De hecho, la reunión duró poco más de una hora, en la que oficialismo y oposición expusieron sus argumentos a favor y en contra.

A grandes rasgos, el Frente de Todos destacó que países como Alemania están aplicando tributos de este tipo y que en Estados Unidos hay en debate una propuesta similar, mientras que Juntos por el Cambio afirmó que hay una "doble imposición".

El mendocino Julios Cobos (Juntos por el Cambio) fue uno de los que insistió en ese punto. "Este no es el camino adecuado, va a estar lleno de impugnaciones y cuestiones judiciales. No me gusta cómo está planteado este impuesto que va sobre todos los bienes", subrayó el senador radical

Junto a la tucumana Silvia Elías de Pérez, el mendocino cuestionó además que la recaudación por este aporte no será coparticipable como otros impuestos nacionales, debido a que tiene "asignación específica".

Elías de Pérez criticó además que el proyecto "grava el activo, no tiene en cuenta el patrimonio" y ratificó que es un "impuesto" (definición que el oficialismo rechaza con el argumento de que es un aporte por única vez) que "no va contra 12 mil personas sino contra las empresas que generan trabajo argentino".

A su turno, Caserio defendió el proyecto y señaló que "en los países de la OCDE la renta personal de personas humanas oscila el 24%, en África el 34%, en América Latina el promedio de la renta personas de personas humanas es el 10% y en Argentina es el 7%".

"Una persona que tiene un patrimonio declarado de 200 millones de pesos pagaría el 2%, 4 millones, entonces no es justo ese planteo de que los pobres empresarios argentinos van a tener que vender sus empresas para pagar 4 millones de pesos", agregó el cordobés.

En tanto, la correntina Ana Almirón (Frente de Todos) puso de relieve que en España se está proponiendo una medida similar al igual que en países como Italia y Alemania. Y agregó: "En Estados Unidos, recientemente electo, Joe Biden propone un 1,5% a las empresas con ganancias superiores a los 100 millones de dólares que no pagan impuestos federales".

El proyecto es impulsado desde hace varios meses por el jefe del bloque de diputados del oficialismo, Máximo Kirchner, y su colega Carlos Heller. La propuesta surgió en los primeros meses del aislamiento obligatorio pero se vio demorada por la dificultad del oficialismo en conseguir los votos necesarios para su aprobación y por diferencias internas en la coalición de gobierno.

La semana pasada fue finalmente aprobado por la Cámara baja con 133 votos a favor y 115 en contra y el oficialismo espera convertirlo en ley en una eventual extensión de las sesiones del Congreso.