Sin apoyo del interbloque Juntos por el Cambio pero con la ayuda de otras bancadas minoritarias de la oposición, el Frente de Todos consiguió hoy dictamen favorable al proyecto impulsado por Máximo Kirchner, que busca desincentivar los incendios intencionales con fines especulativos.

Por la positiva firmaron 17 diputados de la comisión de Recursos y Conservación del Ambiente, presidida por Leonardo Grosso, en tanto que por el rechazo se alinearon nueve legisladores de Juntos por el Cambio.

La iniciativa prohíbe durante 30 años el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios u actividades de cualquier tipo que sean distintas al uso que esos terrenos tenían al momento del incendio.

En el caso de bosques nativos de propiedad privada, la prohibición para lotear, edificar o desarrollar cualquier tipo de actividad productiva luego de un incendio se extiende hasta los 60 años.

En representación de Juntos por el Cambio, la cordobesa Brenda Austin (UCR) explicó que uno de los motivos por los cuales rechazan el dictamen del oficialismo tiene que ver con que viola el principio de no regresividad consagrado, por ejemplo, en el tratado ambiental de Escazú, que el Congreso ratificó semanas atrás y que establece una protección a perpetuidad de bosques nativos.

En tanto, la también radical Josefina González afirmó "es preocupante que el proyecto no distingue entre incendios intencionales y accidentales", de manera que "criminaliza al propietario de la tierra sin indagar sobre su culpabilidad".

Sobre este punto, Daniela Vilar (Frente de Todos) precisó que según datos federales del Sistema Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son intencionales, y alertó que hay 900.000 hectáreas afectadas en todo el país.

En la misma sintonía, Grosso puntualizó que "los incendios no son sólo provocados por despistados que se juntaron a comer asado y apagaron mal el fuego, rayos de tormentas que prenden fuego humedales durante seis meses o chacareros que prenden fuego para después volver a sembrar".

"Muchas veces esos fuegos anteceden a un negocio. Con esta ley no queremos que el fuego sea mas un negocio en la Argentina. Entonces lo que hacemos es poner obstáculos al desarrollo de ese negocio", justificó.

En esa línea, Florencia Lampreabe (Frente de Todos) dijo que está de acuerdo con las iniciativas de la oposición para avanzar en nuevas tipificaciones penales de delitos ambientes, y para crear una ley de presupuestos mínimos para el Manejo del Fuego, pero remarcó que "en ambos casos de trata de ir cual bomberos detrás del fuego" y "no alteran el negocio" de los incendios intencionales.

"Nosotros como legisladores tenemos el deber de generar normativa para prevenir todos los daños que se pueda evitar reparar posteriormente. Este proyecto es justamente preventivo, buscando desincentivar que se encienda la llama evitando la especulación que está detrás de intereses inmobiliarios o agropecuarios, porque el patrimonio bionatural una vez que es arrasado no se recupera, o se puede recuperar parcialmente", justificó.

"Acá se escucha mucho resentimiento contra la propiedad privada, contra los desarrollos inmobiliarios, contra el que produce, contra el trabajo", se quejó Virginia Cornejo (UCR).

A su turno, Fernando Iglesias (PRO), dijo que "no hay que poner una ley punitiva dando por sentado que fue el propietario el que causó el fuego".

"Como no prevenimos, no combatimos el fuego y no tenemos sistemas de investigación de estos temas, culpabilizamos a todo el mundo y el Ministerio de la Propaganda viene con una ley que encabeza Máximo Kirchner. Es un problema", arremetió.

La respuesta política llegó de la mano de Grosso, quien aseguró que el "principal problema" que Juntos por el Cambio le "encuentra a este proyecto es el autor".

"Están defendiendo los sectores que prenden fuego la Argentina en función de sus intereses económicos y no lo pueden decir porque queda incorrecto políticamente. Nosotros pretendemos que el Estado esté al servicio de la gente y ustedes quieren que esté al servicio del mercado. Y que vayamos después mitigando los desastre que deja el mercado. Donde el Estado no regula, el mercado destruye. Y la mejor foto son las 900.000 hectáreas incendiadas en la Argentina", agregó.