Por Sebastián Hadida

La última sesión del año en la Cámara de Diputados, prevista para el martes 29 de diciembre, tendrá como menú principal el proyecto de reforma de la fórmula de movilidad previsional. Sin embargo el plato fuerte se servirá en el Senado, donde se discutirá ese mismo día el proyecto de legalización del aborto, y seguramente eclipse lo que vaya a suceder en Diputados.

A diferencia de las traumáticas jornadas de fines de 2017, cuando volaron piedras fuera del Congreso, y hubo represión policial que se combinó con una sesión tumultosa dentro del recinto, esta vez la reforma previsional silbará bajito. Todo el ruido, las luces y el color lo pondrá la batalla entre "verdes" y "celestes" en el Senado.

El arranque del debate tuvo lugar este lunes en un plenario de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, y contó con la participación de la Directora Ejecutiva de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social Dr. Claudio Omar Moroni.

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El oficialismo apunta a tratar la reforma previsional el 29 de diciembre en Diputados

La ley consiguió fácilmente la media sanción del Senado en la sesión del pasado 10 de diciembre, pero en Diputados tendrá un trámite más engorroso porque el oficialismo está obligado a negociar con los bloques minoritarios de la oposición, dado que Juntos por el Cambio resiste la iniciativa.

El Frente de Todos no la tendrá fácil porque además de la bancada encabezada por Mario Negri el bloque "lavagnista" de Consenso Federal -integrado por Graciela Camaño, Jorge Sarghini y Alejandro "Topo" Rodríguez- se opone a la iniciativa, al igual que los santafesinos Luis Contigiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Partido Socialista).

La iniciativa aprobada en el Senado retoma la fórmula utilizada por el Gobierno de Cristina Kirchner que se mantuvo vigente hasta 2017. Esta fórmula combina en un 50% la recaudación de la ANSeS y en otro 50% la variación salarial, surgida de la que resulte más alta entre las medidas por el INDEC y por el Ministerio de Trabajo (índice RIPTE).

A fines de 2017, en una sesión escandalosa por los incidentes dentro y fuera del Congreso, se aprobó a instancias del Gobierno de Cambiemos una fórmula distinta que contemplaba en un 70% la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en un 30% la evolución salarial. El Gobierno de Alberto Fernández suspendió esta fórmula apenas asumió y otorgó actualizaciones jubilatorias por decreto, sin utilizar un índice automático.

La principal crítica que sectores de la oposición le atribuyen a la fórmula del oficialismo es que soslaya el componente inflacionario y deja desprotegidos a los jubilados ante eventuales movimientos bruscos de los precios, o caída de la recaudación.

"Ninguna fórmula funciona en el vacío. La fórmula funciona dentro de un proyecto político y económico. Y el proyecto político de este gobierno es de desarrollo. Y en un proyecto político y económico de desarrollo, los salarios reales de los trabajadores crecen", justificó. "Este esquema permitió durante la vigencia de ley que los haberes previsionales crecieran más de 25 puntos", agregó el ministro.

Si todo sale como el oficialismo espera, se podría llegar a un dictamen en un plenario de comisiones este miércoles, para tratarlo en sesión el martes 29 de este mes. Ese día se trataría en conjunto con un paquete de proyectos económicos. Por ejemplo, Diputados tiene en agenda una iniciativa con media sanción del Senado, elaborada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre la sostenibilidad de la deuda externa, que establece que el Congreso sea el organismo que autorice el endeudamiento cuando éste exceda los topes establecidos en el Presupuesto.

Además, dicho proyecto propone que los futuros acuerdos con el FMI tengan que ser aprobados por el Parlamento, a la vez que prohíbe la emisión de deuda para financiar gastos corrientes.

También en dicha sesión podrían tratarse dos dictámenes sobre libre acceso y navegación por plataformas educativas estatales; y el aumento progresivo del financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. En carpeta para la misma sesión aparece la prórroga por cuatro años de la Ley 26.093, que estableció un Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Y un proyecto sobre construcción en el sector privado y promoción de créditos hipotecarios.

El período de sesiones ordinarias concluye formalmente el 3 de enero, pero la sesión del 29 de diciembre será la última antes de un receso estimado de quince días. A mediados de enero se retomaría el trabajo de comisiones, ya en período de sesiones extraordinarias, según señalaron a NA fuentes parlamentarias.