Por Pablo Sieira

El Frente de Todos intenta reactivar en el Senado una discusión de larga data sobre la Ley del Ministerio Público Fiscal, que determina las condiciones para designar al procurador general de la Nación, cargo para el que fue propuesto por el Gobierno Daniel Rafecas, pero sin tener todavía la mayoría necesaria para aprobarlo.

El oficialista Oscar Parrilli, estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner, convocó para este viernes a las 16:30 a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales para discutir una serie de proyectos que proponen modificar los requisitos para elegir al procurador.

La picardía es que son iniciativas presentadas en 2019 por Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) y Lucila Crexell (Interbloque Federal), hoy en la oposición.

La discusión se dará luego de una tregua entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que durante meses mantuvieron fuertes peleas que involucraron, entre otros temas, el interés de la bancada oficialista en remover al procurador general interino, Eduardo Casal.

A ello se suma la dificultad del Gobierno para alcanzar la mayoría dos tercios que se necesita para designar en el puesto a Rafecas.

La Ley del Ministerio Público establece que la designación del jefe de los fiscales requiere de una mayoría de dos tercios, es decir 48 votos en caso de que asistan los 72 senadores que integran el pleno, pero el Frente de Todos tiene 40 y a José Alperovich de licencia.

Además, Juntos por el Cambio más el Interbloque Federal juntan 25, lo que cierra aún más la posibilidad de alcanzar dos tercios.

La oposición ya hizo uso de esa herramienta este año para enviar el mensaje al oficialismo de que puede bloquear la nominación de Rafecas y consolidó esa posición ante las embestidas del Frente de Todos contra Casal.

Los proyectos de Crexell y Lousteau que Parrilli incluyó en la agenda de la comisión no modifican la mayoría prevista en la ley, pero en la oposición creen que la jugada podría tener detrás una intención de abrir un debate sobre ese requisito. Ambas iniciativas limitan además la duración del procurador en el cargo que actualmente es vitalicio: la de Crexell a cinco años y la de Lousteau a seis.

Consultado por NA, Lousteau remarcó que su proyecto "no modifica de ninguna manera la mayoría prevista en la ley vigente" y destacó que "toma un modelo similar al que se aplica en otros países donde estos cargos tienen un límite en el tiempo, porque el cargo vitalicio es una rémora".

"Lo central son los dos tercios del proyecto que ya están en la ley, porque esa mayoría agravada habilita acuerdos para lograr un amplio consenso en la designación. Eso es lo medular, junto con el mandato acotado en el tiempo", agregó el senador por la ciudad de Buenos Aires. En este sentido, se mostró tranquilo respecto del contenido de la iniciativa.

Otras fuentes de la oposición deslizaron que no se prestarán a "ninguna jugarreta" con los proyectos de la oposición, al tiempo que minimizaron la decisión de Parrilli de incluir esas dos iniciativas.

Los dos proyectos están en la comisión desde 2019, cuando Lousteau era oficialista y Crexell una aliada ocasional del bloque Juntos por el Cambio.

Durante la presidencia de Mauricio Macri el oficialismo también intentó modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal para facilitar la elección del procurador general que, al igual que ocurre actualmente, fue bloqueada por la oposición peronista.

Macri había propuesto para el cargo de Inés Weinberg de Roca pero estaba lejos de contar con los dos tercios del Senado incluso con el apoyo de una parte del peronismo encabezada por Miguel Pichetto.

La jugada del kirchnerismo se da, además, luego de que surgieran rumores sobre la búsqueda de un acuerdo con un sector de la oposición por parte del Gobierno para destrabar la designación de Rafecas.

Meses atrás, trascendió que el candidato a la Procuración le advirtió a la Casa Rosada que no estaba dispuesto a asumir el cargo con un cambio en los requisitos establecidos para que el Senado lo apruebe.