El Gobierno de Santa Fe intervino el puerto de Reconquista
De esta manera, tomó el control de la terminal que estaba en manos de la empresa Vicentin
En medio del debate judicial y político en torno a la cerealera Vicentin, el Gobierno de Santa Fe intervino el puerto de Reconquista en manos de ese grupo agroexportador.
La administración de Omar Perotti venía denunciando que la terminal no registraba actividad desde 2004.
"El puerto de Reconquista debe esta ordenado y en funcionamiento", aseguró el interventor del ente administrativo, Martín Deltín, quien desvinculó la decisión del Gobierno provincial del conflicto con la cerealera.
El funcionario explicó que "hay una múltiple causalidad, que hace al orden administrativo, renovación de mandatos de directivos, doble rol o función de quien es administrador, contador y síndico".
"El 50 por ciento de la superficie del área portuaria donde está la terminal granaria, que debería embarcar mercadería, unas 200 mil toneladas al año según contrato de concesión, no se encuentra cumpliendo esta obligación al menos de 2004", afirmó en declaraciones radiales.
Añadió que "es un puerto con muy poco movimiento y la ley prevé que el apartamiento de la explotación comercial del puerto es una causal de intervención también".
"Si usted tiene un puerto que como terminal granaria no trabaja desde 2004, pero sí tiene una balsa que traslada pasajeros de Reconquista a Goya y una arenera chiquita que hace el refulado, usted se está apartando del destino comercial que tiene el puerto", conjeturó.
El decreto de Perotti que dispuso la intervención por 180 días lleva firma del lunes pasado y registrado bajo número 574, argumentando supuestas irregularidades en el manejo de la terminal portuaria por parte de la firma cerealera.
En la disposición, el gobernador señala que la concesión de una parte del puerto está en manos desde 1999 de la firma Ríos del Norte SA, conformada por Vicentin SAIC y Buyatti SAICA.
La convocatoria de acreedores tramita en el juzgado Civil y Comercial de Fabián Lorenzini, quien rechazó la intervención dictada por un decreto del presidente Alberto Fernández.