El Senado sesionaba esta tarde para tratar el proyecto de aporte solidario de las grandes fortunas, con el que se esperan recaudar más de $300.000 millones, que el Frente de Todos convertirá en ley.

La Cámara alta tiene una amplia agenda de temas para la sesión especial de este jueves, por lo que el denominado "impuesto a la riqueza" estará entre los últimos en ser sometido a votación.

La iniciativa, impulsada por el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, establece un aporte por única vez que deberán pagar las personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

Juntos por el Cambio rechaza el proyecto por considerar que "atenta contra las inversiones", y que además genera una doble imposición con el impuesto a los Bienes Personales, por lo que advierten que el tema será judicializado por el sector empresarial.

El senador Roberto Basualdo -que está entre los legisladores alcanzados por este tributo, junto a Máximo Kirchner- afirmó que es "un impuesto anti-inversiones, confiscatorio y discriminativo", que generará un "incremento irracional a la ya muy elevada carga fiscal de Argentina".

Según afirmó la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, al Senado la semana pasada, el aporte "grava a los empresarios y no a las empresas".

La funcionaria dijo que no existe una doble imposición, dado que, según indicó, solo una parte de lo alcanzado por Bienes Personales entraría en este nuevo tributo.

Pese al rechazo opositor, el Frente de Todos cuenta con 40 votos, más el del aliado rionegrino Alberto Weretilneck, por lo que no tendrá inconvenientes en darle sanción definitiva al proyecto y convertirlo en ley.

El nuevo tributo alcanzará a 11.855 personas, según precisó la AFIP, un número superior a las 9.298 que se estimaba inicialmente, cuando el proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados.

La alícuota a pagar irá del 2% al 3,5%, con un diferencial para los bienes declarados en el exterior, que consiste en que sus propietarios queden exentos del impuesto si deciden repatriar el 30% de esas tenencias.

El fundamento central de la iniciativa es utilizar lo recaudado -el Gobierno estima que serán aproximadamente 300 mil millones de pesos- para atender problemas económicos y sociales derivados de la pandemia de Covid-19.