El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, los ex ministros Nicolás Dujovne, Jorge Triaca y Carolina Stanley, el intendente de Vicente López Jorge Macri, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba y el empresario Nicolás Caputo son algunos de los ex funcionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri que, según reveló el diario Página 12 hace una semana, no devolvieron los teléfonos celulares encriptados que les pagaba el Estado y siguieron usando las líneas hasta que fueron dadas de baja a findes de junio.

Según denunció la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se trata de 120 celulares comprados en Estados Unidos que fueron encriptados por el organismo y luego repartidos entre funcionarios del Gobierno nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, aunque y también los recibieron algunos que no tenían ninguna función pública, pero sí vinculación directa con Macri o Arribas.

Por otra parte, una de las incógnitas es por qué tenían teléfono encriptado dos asesores del titular de la Aduana, Diego Dávila, así como su secretaria privada, de máxima cercanía con él, Carola Delía. Esta mujer ganó notoriedad en la Aduana cuando el Banco Central (mientras Macri era presidente) difundió el listado de los ahorristas que compraron más de 10.000 dólares durante un mes. El sueldo de Carola Delía no justificaba semejante compra, y todas las miradas se posaron sobre su jefe.

En tanto que Felipe Viramonte y Agustín Laurnagaray, dos macristas de pura cepa, siguen siendo asesores de la Aduana, pues se les renovó el contrato hasta fin de año antes del cambio de gobierno, y la actual administradora federal -Mercedes Marcó del Pont- no modificó esa decisión. Viramonte, que ni siquiera tiene título universitario, como eterno estudiante de Abogacía, antes de la Aduana trabajó en un estudio jurídico -Cotter y Asociados- que se dedicaba a litigar, justamente contra la Aduana.

Cuando se ubicó del otro lado del mostrador, sospechan que se dedicaba a "pisar" o acelerar" las investigaciones contra empresas a las que la Aduana les encontraba puntos para objetar. Si esas empresas eran representados por el estudio de Cotter, el antiguo empleador de Viramonte, corrían una suerte distinta que si no lo hacían.

La pista sobre la existencia de esos teléfonos cuya información es inaccesible surgió durante la causa del espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora, cuando declaró un ex jefe de Contrainteligencia, Martín Coste, y contó que Macri y Arribas se comunicaban por un aparato encriptado.

Las facturas de las compras de teléfonos Huawei Nexus, por valores superiores a los 50 mil dólares (incluyen gastos de envíos) corresponden a fines de 2016 y mediados de 2018, llevan las firmas de Marcos Juliani, ex director de Reunión sobre Ciberinteligencia, y Juan José Gallea, ex directro de Gestión Económica y Financiera de la AFI, quien ya había estado en el organismo durante el gobierno de Fernando De la Rúa, y quien además integró el directorio del Grupo 23, que presidió Sergio Szpolski antes del vaciamiento a fines de 2015 que dejó a más 700 trabajadores en la calle.

El listado que la interventora de la AFI presentó a la Justicia: