Por Pablo Sieira

La conveniencia o no de despenalizar la tenencia de marihuana es una discusión recurrente en la Argentina pese a no haber llegado nunca a la instancia decisiva del Congreso. Pero es un tema que forma parte de un debate más grande, sobre la efectividad de las leyes y la jurisprudencia para atender (sin confundir) el delito y la salud pública.

En eso se centra la revisión de la Ley de Estupefacientes (23.737) que lleva adelante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, con una serie de reuniones informativas con funcionarios, defensores públicos y organizaciones de la sociedad civil. En las primeras dos jornadas hubo coincidencias sobre la necesidad de reformar esa norma y una tercera se realizará este lunes.

"Empezamos a abordar la ley en lo que tiene que ver con el sistema judicial, acusatorio, penitenciario y de las defensorías y continuaremos con el sistema sanitario y organizaciones civiles", señaló a Noticias Argentinas el senador por Catamarca Dalmacio Mera (Frente de Todos), presidente de la Comisión de Seguridad. "Es una ley de 30 años que tiene fallos de la Corte Suprema de Justicia que ya la ponían, en parte, fuera de la constitucionalidad", señaló".

Mera se refirió así a los fallos Bazterrica (1986) y Arriola (2009) que declararon la inconstitucionalidad de castigar penalmente la tenencia de drogas para consumo personal. El primero de ellos estableció que la penalización en esos casos afecta el derecho establecido por el artículo 19 de la Constitución Nacional, que deja las "acciones privadas" que no perjudiquen a un tercero fuera de la "autoridad de los magistrados". Pese a ello, tres años después se sancionó la Ley de Estupefacientes en contraposición al pronunciamiento de la Corte.

El máximo tribunal cambió de postura tras la sanción y sentó jurisprudencia a favor de la penalización. Veinte años después volvió al antecedente Bazterrica con el fallo Arriola y lo fortaleció con una decisión unánime sobre la inconstitucionalidad del castigo penal de la tenencia de drogas para uso personal.

Al respecto, Mera señaló que esa contradicción entre la ley y la jurisprudencia "es un tema que lo han señalado jueces, fiscales, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez", porque "lo que se genera son procedimientos policiales que después disparan procesos judiciales que terminan declarándose en la inconstitucionalidad por los antecedentes Arriola y Bazterriza".

"Casi por unanimidad han planteado (ante la comisión) que es una modificación que habría que tener presente", indicó el senador respecto de las jornadas de debate que se llevan a cabo por videoconferencia en la comisión que preside. Sin embargo, evitó ser concluyente respecto de si se avanzará con la despenalización y agregó: "No hay ningún proyecto a la vista, pero tenemos la decisión de escuchar cómo se puede mejorar la ley. Vamos a conversar con todos para ver si podemos tener una conclusión común".

En este sentido, explicó que todavía faltan reuniones y consultas con "el sistema de salud" y también con representantes del Consejo de Seguridad Interior, al tiempo que contó que "la ministra de Seguridad (Sabina Frederic) tenía en su radar una discusión de esta ley", por lo que es posible que haya un encuentro también con ella.

Por ello, se espera que el debate entre los senadores sobre los cambios a la ley empiece aproximadamente en un mes, según Mera. Además, se sumarían las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Salud.

La defensora general Stella Maris Martínez, fue una de las invitadas a las jornadas de debate del Senado. Allí afirmó que "hay algunas reformas (a la ley) que están esperando hace rato" y señaló que por la falta de una "respuesta legislativa inmediata" al fallo Arriola "se generó un problema".

La jefa de los defensores públicos explicó que los procedimientos policiales generados por tenencia simple demandan "recursos económicos, materiales y humanos" que van dirigidos "a los consumidores, cuando deberían estar dirigidos a los narcotraficantes". Para ella, la ley 23.737 "no ha demostrado se suficientemente eficiente en la lucha contra el narcotráfico".

En tanto, el viceministro de Seguridad, Eduardo Villalba, fue uno de los que pasó por el Senado para dar su visión sobre el tema y sostuvo que una reforma de la ley 23.737 debe hacerse sin dejar de tener en cuenta "el termómetro de la sociedad civil respecto de esta temática" y junto a "las áreas del Estados y ONG's especializadas, además de la voz de quienes trabajan en el territorio".

El funcionario remarcó que es necesario "un ámbito integral" para "trabajar la ley de manera seria", que tenga en cuenta "un claro mensaje hacia las fuerzas de seguridad" y a "los efectores de salud", así como "el abordaje de consumos problemáticos".

Junto a Villalba y Martínez, expositores del ámbito judicial y penitenciario también coincidieron en la necesidad de reformar la ley, sin dejar de advertir la dificultad para avanzar hacia la despenalización en términos de las distintas miradas de la sociedad sobre esta problemática. No obstante, coincidieron en la importancia de llevar adelante la discusión y el análisis de la norma a la luz de la jurisprudencia, para evitar procesos judiciales innecesarios.

El próximo lunes expondrán ante la Comisión de Seguridad representantes de la Red Iberoamericana de Organizaciones que trabajan en Drogodependencia (RIOD) y la Federación de Organizaciones no gubernamentales de la Argentina para la prevención y tratamiento del abuso de drogas, entre otras.