Por Lucio Di Matteo

Bernardo Pascual Iturraspe tuvo su pequeño momento de fama mediática en 2015, cuando una investigación periodística reveló a las empresas estatales que ya no funcionaban pero que, proceso de liquidación mediante, seguían generando gasto público. Este abogado nacido en 1954, fue designado el 22 de marzo de 2010 como “Liquidador de Argentina Televisora Color S.A. (en liquidación)”, dependiente de una dirección del Ministerio de Economía, que en ese momento conducía Amado Boudou. Las firmas del decreto que lo nombró fueron la del entonces ministro, el jefe de Gabinete Aníbal Fernández, y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el paso legal lógico para ello.

Durante 8 años, Iturraspe cobró un sueldo que significaba casi todo el gasto destinado a Argentina Televisora Color, una empresa fundada por los militares en 1980 y declarada en liquidación por Fernando de la Rúa en el 2001. Pero Iturraspe nunca terminó su tarea, pesar -o justamente a raíz de ello- de un sueldo mensual que rondaba los 5.000 dólares. Fue conocido como “el único empleado que le queda a ATC”.

En 2014, por ejemplo, cobró un sueldo de $ 45.000 mensuales, por entonces alrededor de 5.000 dólares. Un año después se llevó el 65% del presupuesto de la empresa estatal, que superó los 800.000 pesos. Recién para 2018 Iturraspe perdió su trabajo, cuando fue reemplazado por Carlos Landaburu, en un decreto -el 177- que llevó la firma del ministro Nicolás Dujovne y la impronta de Gustavo Lombardi, que era responsable de los medios públicos. Iturraspe ya había hecho su negocio: entre 2010 y 2018 cobró un sueldo para liquidar la empresa, algo que finalmente nunca hizo.

Ahora, este abogado que es el responsable legal de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), encontró otro trabajo en el Estado, en una de las dependencias que mejores sueldos paga: la dirección de Aduana, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De acuerdo a las planillas de personal de la AFIP, Bernardo Pascual Iturraspe, CUIT 20-11263244-2, es “consejero técnico de fiscalización y operativa aduanera”, con sede en la dirección general del organismo, ubicada en el histórico edificio de Azopardo entre Belgrano y Moreno.

El vínculo con Galperín y otras empresas

Iturraspe, en una de las empresas que integra, figura con domicilio en Moreno 2843, una dirección de la capital santafesina. La curiosidad es que la misma dirección legal tiene SADESA, la curtiembre de la familia Galperín. La misma no es dirigida por el más famoso de ellos, Marcos (el fundador de Mercado Libre), sino por su hermano Miguel. Es una empresa de 90 años que hasta 2018 facturaba alrededor de u$s 350 millones anuales y provee cuero a marcas como Adidas, Nike y Ralph Lauren.

Además, Iturraspe está relacionado a otras empresas, como Edificio Buenos Aires Sur S.A., Litoral Productores y Servicios Aéreos Cuyanos. En la primera y segunda de esas compañías fue presidente. Mientras que en la de taxis aéreos figuró como director suplente.

Allí, en Servicios Aéreos Cuyanos, figuran como socios dos pilotos comerciales, René Hector Garritano y Javier Alberto Meyer. El primero de ellos es jefe de la Básea Aérea Ezeiza Airclass Cargo S.A. y socio, además de esta firma, de Flying New World S.A.

Una investigación interna de algunos empleados de la AFIP marcó esto último con una posible contradicción. Al fin y al cabo, las empresas de taxis y cargas aéreas deben ser controladas por la Aduana. Y tener un ex director que ahora es empleado de ese organismo, puede supone un conflicto de intereses.