Dos testigos desbarataron la acusación armada en contra de la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en el marco del juicio por la obra pública durante su gobierno.

Se trata de la tercera audiencia desde que el debate se reanudó de manera semipresencial tras haber estado suspendido desde marzo, a raíz de la pandemia de coronavirus.

Luis Clemente Rajuán e Iris Sanchez Zolezzi señalaron que no hubo irregularidad alguna en la confección de las leyes de Presupuesto votadas por el Congreso de la Nación durante el período 2003-2015, que autorizaron la realización de cada una de las 51 obras investigadas en este debate.

Rajuán trabaja en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas desde enero de 1989, es decir hace más de 31 años. En tanto, Analía Iris Sánchez Zolezzi ejerce dentro del Ministerio de Hacienda de la Nación desde hace 22 años.

De manera particular, Rajuán, quien declaró durante más de dos horas, afirmó además que el Congreso aprobó en tiempo y forma las cuentas de inversión correspondientes a todos los períodos investigados, en las cuales se informaba en forma particular la manera en que habían sido ejecutadas todas estas obras.

El testimonio de Rajuán coincide con lo declarado el lunes por parte de Raúl Rigo, uno de los más respetados técnicos especialistas que tiene la Argentina en materia de cuentas públicas.

Rigo, quien fuera subsecretario de Presupuesto durante buena parte del kirchnerismo, declaró este lunes en la causa y aseguró que todas las obras investigadas fueron informadas al Congreso en cada una de las presentaciones de la ley de Presupuesto.

Entre 2002 y 2017, Rigo se desempeñó como subsecretario de Presupuesto hasta que pasó a ser asesor de Gestión Financiera en el Ministerio de Economía bonaerense a cargo de Hernán Lacunza.

Rajuán fue interrogado por una de las defensas acerca de si la escasa densidad poblacional que reviste una provincia -como es el caso de Santa Cruz- puede significar un impedimento para que recibiera obras públicas en materia vial. El testigo fue categórico al desmentir tal consideración, explicando que lo verdaderamente relevante es el impacto económico y social que este tipo de inversiones puede aparejar.

Por otro lado, también recordó que desde la reforma constitucional de 1994, la formulación y ejecución del Presupuesto recae sobre la figura del jefe de Gabinete, señalando expresamente que la Oficina Nacional de Presupuesto nunca recibió instrucciones por parte de la primera mandataria sobre la forma en que sus funcionarios debían llevar a cabo su tarea.

Finalmente, corroborando lo que las defensas habían explicado durante la etapa instructoria, Rajuán también descartó que se hubiesen presentado circunstancias anormales en las reasignaciones de partidas que se llevaron a cabo una vez que cada Presupuesto era aprobado.

También explicó que era normal que la ejecución de las obras se delegara a través de convenios a cada una de las provincias, las cuales pasaban a ser los organismos responsables del control de dichas partidas