La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados de esa fuerza política Maximiliano Ferraro, Hernán Reyes y Juan Manuel López ampliarán el recurso de amparo presentado hace un mes ante la Justicia, luego de la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de suprimir la Autoridad Nacional de la Competencia.

En paralelo, la Coalición Cívica anunció que se presentará ante el Juzgado Penal y ante el Juzgado Contencioso Administrativo para ampliar la denuncia penal por este hecho contra el presidente Alberto Fernández, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, y la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, a quienes acusan de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

"El kirchnerismo elimina el organismo que debe controlar el funcionamiento de la ley de defensa de la competencia, porque persigue el objetivo de lograr la nulidad de las causas que prueban la cartelización de la obra pública", señalaron los dirigentes opositores en un comunicado.

Durante el Gobierno de Cambiemos, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia inició rápidamente un expediente por la presunta cartelización de la obra pública apenas explotó mediáticamente el caso conocido como la causa de los cuadernos, en 2018.

"Esto debería estar siendo investigado y potencialmente sancionado por una autoridad independiente y autárquica, la Autoridad Nacional de la Competencia, con sus miembros designados por concurso público", indicó la CC-ARI.

En diciembre del año pasado, antes de dejar el poder, el ex presidente Mauricio Macri había remitido al Senado de la Nación los pliegos con los resultados del concurso público para la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Sin embargo, en febrero de 2020 Fernández retiró esos pliegos del Senado en el marco de la revisión de todas las contrataciones del personal del Estado.

La ley de Defensa de la Competencia, sancionada en mayo del 2018, fijaba un plazo máximo para iniciar el proceso de integración de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Por eso, para la Coalición Cívica el retiro de los pliegos constituye una omisión antijurídica y un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Para López, "se trata de una acción de impunidad de la corporación de la alianza de gobierno actual".

Por su parte, Ferraro (presidente del bloque de la CC-ARI en Diputados) señaló que "la interpretación por la que deciden revocar todo el procedimiento es absurda y así pretenden justificar una decisión política asumida en el acuerdo de Alberto Fernández con Cristina Kirchner para ser su candidato a Presidente".