Por Pablo Tallón

En medio de los resonantes hechos de inseguridad, así como también frente a los casos de justicia por mano propia y femicidios, la Red Argentina para el Desarme (RAD) advirtió que en la Argentina se estima que hay "entre tres y cuatro millones" de armas de fuego sin registrar, lo que comúnmente se conoce como sin papeles.

La estimación surge en base a los datos que daba la Encuesta Nacional Sobre Factores de Riesgo hasta 2009: hasta ese año se daba el cálculo que había entre tres y cuatro veces la cantidad de armas registrada. Desde 2010 se dejó de preguntar si había armas de fuego en el contexto, pero se sigue tomando como estimación que hay entre tres y cuatro veces la cantidad de armas registradas: como hay 1.6 millones registradas, calculan que hay 3/4 millones

Actualmente, en la Argentina hay un total de 1,6 millones de armas de fuego registradas, tanto en manos de efectivos de las distintas Fuerzas de Seguridad como de civiles.

"En el país hay un número alto de cantidad de armas de fuego. Latinoamérica en general es una zona con un alto índice de violencia armada. Hay restricciones y regulaciones, pero tienen eficacia", explicó a NA el referente de la Red Argentina para el Desarme Julián Alfie.

En ese sentido, el coordinador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) destacó la figura del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (PEVAF): las personas que tienen armas sin registrar pueden entregarlas para su destrucción y recibir a cambio una suma de dinero que va de los 1.200 a los 3.000 pesos.

Sin embargo, Alfie se quejó de que "en los últimos años se le redujo el presupuesto y también el vínculo con organizaciones de la sociedad civil para tener llegada territorial", lo que hizo que disminuyera la cantidad de armamento inutilizado.

El PEVAF fue creado en diciembre de 2006, en el marco de la declaración de la emergencia nacional en materia de tenencia, fabricación, importación, exportación, transporte, depósito, almacenamiento, tránsito internacional, registración, donación, comodato y compraventa de armas de fuego, municiones, explosivos y demás materiales controlados, registrados o no registrados.

"Durante los primeros años en que funcionó el Programa se registró una baja en la tasa de homicidios, pero después cayó el impacto del PEVAF, que es una política de Estado ejemplar y fundamental, porque reduce el circulante de armas y concientiza sobre los peligros de su uso", destacó Alfie en diálogo con Noticias Argentinas, a la vez que indicó que "hay un gran problema con las tenencias no actualizadas".

Asimismo, las reducciones presupuestarias sobre la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) provocó, según el referente de la RAD, una caída en el desempeño del organismo como fiscalizador de la producción, venta y tenencia de las armas de fuego.

"El mayor origen de las armas ilegales son las fábricas legales que desvían producción. En parte eso sucede porque hay pocos fiscalizadores de ANMaC. No hay una política proactiva para controlar. La Argentina es uno de los grandes productores de armas a nivel regional", alertó el coordinador de INECIP.

Y agregó: "Hay muchas discusiones que dar a nivel legislativo. Actualmente hay herramientas legales para llevar adelante política de prevención y desarme".

Para 2021, la ANMac tiene previsto destinar 216 millones de pesos al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego y Municiones (PEVAF) para inutilizar 12 mil armas de fuego y municiones sin papeles y que actualmente están en manos de personas que no poseen habilitación ni están capacitadas para utilizarlas de manera segura.

Para lograr esa meta, el PEVAF establece incentivos económicos para aquellas personas que se acerquen y entreguen "armas de fuego que presenten todos sus componentes principales tanto de avancarga como de retrocarga; así como también municiones completas, incluido sistemas obsoletos como los del tipo Lefaucheux, flobert u otros".

Por cada bala entregada, la ANMaC pagará un peso; mientras que por cada arma dará una compensación de entre 1.200 y 1.750 pesos, dependiendo del tipo de material que sea.

El mayor monto de dinero se fijó para aquellas personas que entreguen para su destrucción "armas de uso exclusivo de las instituciones armadas y armas comprendidas en el Decreto 64/95": 3 mil pesos recibirán quienes se desprendan de ése armamento

Las armas recibidas son inutilizadas en forma inmediata a través de una prensa hidráulica en presencia de la persona que realiza la entrega: luego se destruyen en un horno de alta temperatura

La entrega de armas y municiones es anónima y voluntaria y no implica ninguna consecuencia legal para las personas que se desprendan de este tipo de material.